La comunidad religiosa se inserta por primera vez en el debate público sobre la situación económica

Vigilia por la luz y la verdad (facebook A.Cotto)

Vigilia por la luz y la verdad (facebook A.Cotto)

PUERTO RICO-

Por Luis Figueroa López para ALC-

Los vientos ya soplan con las medidas que la Junta de Control Fiscal (JCF) tomará con el propósito de iniciar un cuadre en el presupuesto del gobierno insular para lograr la meta ulterior: que Puerto Rico reingrese al mercado de bonos, afirmándose como rehén de los prestamistas norteamericanos. De la información que ha trascendido, entre las medidas que se consideran de forma inicial, se encuentra el reducir las pensiones de los/las jubiladas/os entre un diez y un veinte por ciento, reducir la jornada laboral de todos/as los empleados/as del gobierno central, un aumento significativo en costos sobre tramites cotidianos (Licencia de vehículo, sellos, permisos, peajes, entre otros), y el recorte devastador de 450 millones en el sistema público de enseñanza universitaria. Es importante señalar que un recorte de esta magnitud en el sistema universitario del país representaría prácticamente su desmantelamiento.

Lo anterior provocó que los estudiantes universitarios se organizaran decretando inicialmente detener las operaciones docentes y administrativas por aproximadamente una semana, y más reciente, declarar una huelga indefinida en una asamblea nacional. De forma paralela, el lunes tres de abril se celebró una vigilia con el propósito de reclamar una auditoria de la deuda pública que ronda los 73 billones de dólares, convocada por el Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda y apoyada por otras organizaciones civiles y religiosas como la coalición ecuménica e interreligiosa de Puerto Rico. Debemos destacar que fue por primera vez que la comunidad religiosa en el país se inserta en el debate público sobre la situación económica, y se pronuncia a favor de un proceso para investigar la legalidad o ilegalidad de la deuda. Durante la vigilia, la multitud que respondió a esta convocatoria, realizó una marcha desde el capitolio llegando hasta la plaza Colón en el emblemático “Viejo San Juan”. Una vez establecidos en la plaza, representantes de la comunidad protestante, católica, judía y musulmana, se dirigieron a los presentes solicitando a una voz la “¡auditoria de la de la deuda ya!”[1]

La vigilia convocada por el Frente Ciudadano y la Coalición Interreligiosa no se da en un vacío. Responde esencialmente a la actitud del gobierno insular[2] de disolver la comisión creada por la pasada administración de gobierno para estos fines, y su terca negativa para realizar la auditoria. De igual forma, esa aparente irracionalidad no es accidental. De concretarse este proceso, se identificaría toda deuda emitida por pasados gobernantes que no cumplía con los preceptos de ley y la constitución. Entre los señalados por emitir deuda ilegal estaría el padre del actual gobernador Ricardo Roselló, y quien dirigiera los destinos del país desde el año 1993 hasta el 2001, y cuya administración de gobierno estuvo señalada como una de las más corruptas en la historia del país (Pedro Roselló). La comisión para la auditoria de la deuda fue creada por virtud de la ley 97 en el mes de julio del año 2015, y como consecuencia del reconocimiento por parte de la pasada administración de gobierno sobre la imposibilidad del pago de la deuda. Esta comisión estuvo integrada por representantes de las instituciones financieras, cooperativas, académicas, sindicales y funcionarios electos[3].  Ante la acción del gobernador Roselló, miembros de esta comisión organizados en el colectivo del frente ciudadano, impugnaron en los tribunales tal decisión e iniciaron toda una campaña mediática tanto de orientación como de presión, persiguiendo así el crear las condiciones necesarias para iniciar dicho proceso. La vigilia celebrada el pasado lunes por los colectivos sociales y religiosos se sumaba a estos esfuerzos, y al parecer, la marcha rogante provocó una importante victoria.

Durante la noche del jueves seis de abril, la jueza superior Lauracelis Roques Arroyo determinó tanto restituir la comisión como reintegrar a los miembros del interés público expulsados igualmente por el gobernador. Al gobierno insular darse por enterado de la decisión, manifestó su intención de apelar el fallo judicial y reiterar la futilidad de tal gestión. Aun con el nuevo intento de la presente administración para evitar a toda costa el develamiento del estercolero económico creado por “cuates” políticos, procede ante el fallo el reiniciar los trabajos por parte de la comisión y ver de forma clara los “como” y los “por qué” de la “cruz” impuesta abusivamente sobre nuestro pueblo. La vigilia celebrada y el resultado que produjo, gozó de un caudal simbólico que nos orienta y alecciona: al pueblo puertorriqueño no le queda otra que marchar. Ante el asecho de los “carros faraónicos” y un “mar rojo” imposible de cruzar, ese Dios de éxodos y liberaciones, nos ha repetido que no es momento para religiosidades huecas y derrotistas. Es tiempo de creer que con nuestro compromiso podemos cruzar “en tierra seca”.

 

[1] Esto expresión ya ha tomado dimensiones “mántricas”, tanto en la vigilia como entre todas las personas que entienden la necesidad de esta investigación.

[2] Uso deliberadamente la expresión “gobierno insular”, ya que era la forma en que se le denominaba a las autoridades locales durante la primera etapa de la colonización norteamericana en la primera mitad del siglo 20 en Puerto Rico. Aunque el orden colonial sufrió una pequeña alteración en el año 1952, a partir de esta fecha se le llamaba “gobierno de Puerto Rico”. Obvio, a partir de la aprobación de una junta de control establecida por el congreso estadounidense, retrocedemos en el tiempo político, y para ser honesto con la realidad, creo que es esa la forma para designar las “autoridades” locales.   

[3] Frances López, “Desmantelar comisión de auditoria de deuda sirve para encubrir ilegalidades”. www.noticel.com.  

 

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