Tucumán encabeza la serie de juicios por crímenes de lesa humanidad que se programan para lo que resta del año

ARGENTINA

Son cuatro los juicios orales por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar (1976-1983) que comenzarán en lo que resta del año, según está previsto hasta el momento. Hoy en Tucumán, comienza el juicio al ex juez federal Manlio Martínez, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en el desempeño de su función como magistrado durante la última dictadura.

La Fiscalía acusa en particular a Martínez por su actuación como juez tras la ejecución extrajudicial de cinco militantes montoneros (María Alejandra Nikilson, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz), el 20 de mayo de 1976, que es conocida como la masacre “Romero-Nikilson”.

El ex titular del Juzgado Federal 1 de Tucumán llegará al juicio oral y público acusado por asociación ilícita durante el terrorismo de Estado, encubrimiento de crímenes, abuso de autoridad y privación ilegal de libertad, a lo que se suma la imputación como partícipe secundario en un quíntuple homicidio.

También le imputan los delitos de los que luego fue víctima el propietario de la casa donde ocurrió la masacre, Miguel Romano, quien estuvo recluido en el centro clandestino de detención de la Jefatura de la Policía provincial y fue torturado por el personal del Servicio de Informaciones Confidenciales.

Por otra parte, el 6 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy comenzará a juzgar a doce imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 80 víctimas.

En tanto, el 17 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta iniciará un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la capital de esta provincia en perjuicio de 17 víctimas.

Finalmente, para el 25 de noviembre, está previsto el inicio, ante el Tribubal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la localidad bonaerense de Junín.

En el proceso se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 24 víctimas.

Organismos de Derechos Humanos acompañan a los/as querellantes en estos procesos.

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