PERÚ
Lima-
El calor es tan intenso en la sede de la 20ª Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se lleva a cabo en Lima, Perú, que a decir de una corresponsal extranjera “es un buen ejemplo del efecto invernadero. ¿Será a propósito para tomar más conciencia del calentamiento global?”.
Los representantes de 195 países que asisten a la COP20, también llamada cumbre climática, tendrán como tarea entre el 1 y el 12 de diciembre elaborar el borrador de un nuevo acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global, y evitar el aumento de la temperatura más allá de los 2ºC. Este acuerdo deberá ser aprobado en la COP21 a realizarse en Paris, Francia, en diciembre del próximo año.
Aunque en el 2012 se amplió la vigencia del Protocolo de Kioto —único instrumento legalmente vinculante que obliga a los países desarrollados a reducir sus emisiones de GEI, firmado en 1997— hasta el 2020, algunas naciones industrializadas anunciaron que no cumplirán con ese mandato.
Tratado legalmente vinculante
Desde el 2007, en la COP13 realizada en Bali, Indonesia, se planteó la necesidad de un nuevo acuerdo global vinculante que reemplazara al Protocolo de Kioto, que expiraba el 31 de diciembre del 2012. En esa conferencia se aprobó la Hoja de Ruta de Bali que establecía un programa de trabajo para el periodo posterior al 2012. Pero durante la COP15 (2009) en Copenhague, Dinamarca, la insistencia de que el Protocolo de Kioto fuera el marco de un nuevo instrumento vinculante generó resistencias de los países desarrollados. Delegados de los 29 países considerados como los mayores emisores de GEI se reunieron fuera de la cumbre oficial y aprobaron los llamados Acuerdos de Copenhague que admitía la necesidad de reducir drásticamente las emisiones mundiales para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC. Pero al ser un pacto informal, debió ser discutido en la COP16 de Cancún, México, en el 2010.
En Cancún fueron aprobados acuerdos que incluían mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2ºC pero sin adoptar medidas concretas para la reducción de GEI. Igualmente se decidió la creación de un Fondo Verde para el Clima, destinado a ayudar a los países en desarrollo en la mitigación y adaptación al cambio climático, para lo cual se recaudará US$100 millardos para el 2020.
En la COP17 (2011), en Durban, Sudáfrica, se aprobó una plataforma que propone una “acción reforzada” que permitiera arribar a un nuevo compromiso que involucre a todas las partes de la CMNUCC, no sólo a los países desarrollados como ocurría con el Protocolo de Kioto. En la COP18 (2012), en Doha, Qatar, se amplió la vigencia del Protocolo de Kioto hasta el 2020, año en el que debe estar en vigencia un nuevo acuerdo global. El año pasado, en la COP19, en Varsovia, Polonia, no se produjeron mayores avances en el compromiso de los países desarrollados de reducir sus emisiones de GEI, ni en cumplir ni menos incrementar sus aportes al Fondo Verde para el Clima.
Si bien en Lima se juega mucho, expertos como Hugo Cabieses, exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente que representó al Perú en la COP17, consideran que “ya todo ha sido negociado desde antes y lo único que se está discutiendo ahora son asuntos de dinero”.
De hecho, EEUU y China, responsables del 45% de las emisiones GEI del mundo, anunciaron el 12 de noviembre sus compromisos de reducción de emisiones. EEUU afirmó que para el 2025 recortará sus emisiones entre 26% y 28% con respecto a los niveles del 2005. China, por su parte, informó que recién en el 2030 empezaría a reducirlas. La Unión Europea (UE), por su parte, aprobó a finales de octubre su compromiso de reducir sus emisiones para el 2030 en 40% con respecto a los niveles emitidos en el 2005.
Compromisos insuficientes
Una fuente europea que participa en las negociaciones, señaló que el borrador que se apruebe en Lima “debe ser ambicioso y contener compromisos, además de ser vinculante y aplicable a todos los países”. No obstante, “es posible que los compromisos que se aprueben en Paris no sean suficientes para lo que el planeta necesita”, agregó.
Organizaciones no gubernamentales peruanas que participan en el espacio para la sociedad civil y pueblos indígenas de la cumbre climática, manifestaron que hay buenas señales para lograr un acuerdo consensuado.
Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), indicó que si bien “es muy difícil vaticinar lo que va a salir de esta reunión, hay una situación más esperanzadora que en otras COP”.
Sin embargo, el Perú no es un buen ejemplo en términos de defensa del ambiente. Con el fin de impulsar las inversiones, el gobierno ha aprobado medidas que recortan las atribuciones del Ministerio del Ambiente, particularmente el decreto ley 30230, promulgado en julio, que reduce la capacidad sancionadora y fiscalizadora de los organismos ambientales, elimina los procesos de ordenamiento territorial, restringe los estudios de impacto ambiental, dificulta la creación de zonas reservadas e incluye criterios económicos no técnicos para establecer estándares de calidad ambiental, entre otros.
Voceros peruanos de la Cumbre de los Pueblos Frente al Cambio Climático, evento paralelo a la COP20 a realizarse del 8 al 11 de diciembre, señalaron la incoherencia del gobierno peruano que organiza la más importante cumbre ambiental pero a la vez aplica medidas que van contra la protección del ambiente.
“Existe un doble discurso de parte del gobierno en torno a la agenda climática”, dijo Ibis Fernández, dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú. “Vemos una falta de voluntad política para fortalecer la autoridad ambiental. La Ley 30230 representa un ‘paquetazo’ de normas que flexibilizan las inversiones sin tener en cuenta el impacto climático”.