PERÚ
Por Annalise Falck-Pedersen, para Noticias Aliadas
Perú necesita con urgencia mejorar el acceso a métodos anticonceptivos modernos y seguros, especialmente los anticonceptivos orales de emergencia (AOE), también llamados “píldoras del día siguiente”. Los beneficios del uso de los AOE incluyen la prevención de riesgos para la salud de las mujeres relacionados con el embarazo, reducción de la mortalidad infantil, disminución de los embarazos adolescentes, mejorar la educación sexual y desacelerar el crecimiento demográfico.
Según la Organización Mundial de Salud (OMS), los AOE están incluidos en la lista de medicamentos esenciales que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. Sin embargo, varios países en América Latina no reconocen los AOE como medicamentos esenciales y por lo tanto no están disponibles fácilmente, como en Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, y su distribución está totalmente prohibida en Haití y Honduras. En Haití, incluso, es ilegal difundir información sobre los AOE.
El Perú incluye los AOE en la lista de medicamentos esenciales, pero eso no significa que sean accesibles. En el 2009, el Tribunal Constitucional (TC) prohibió la distribución gratuita de los AOE en establecimientos públicos de salud porque vulnera el derecho a la vida del concebido, protegido por la Constitución, y ordenó a los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen los AOE que “incluyan en la posología la advertencia de que dicho producto podría inhibir la implantación del óvulo fecundado”.
El Ministerio de Salud declaró que los AOE no son abortivos y proporcionó evidencia médica y científica en respaldo. No obstante, el TC confirmó en el 2010 la prohibición de la distribución gratuita en los servicios de salud públicos de la “píldora del día siguiente” y en el 2011 se publicaron nuevas directrices. Actualmente, los AOE sólo están disponibles en establecimientos comerciales privados.
La falta de control sobre las AOE también es un problema grave. En el 2014, una investigación llevada a cabo por la organización no gubernamental Prosalud Ineramericana descubrió que farmacias en Lima vendían AOE falsificados; casi un tercio de los lotes analizados no eran efectivos (28%) y uno ni siquiera contenía levonorgestrel, la hormona usada para evitar la ovulación. En su reemplazo el laboratorio utilizó un antibiótico barato usado para infecciones del tracto urinario.
“Muchos de los AOE que se encuentran en el mercado en el Perú son de calidad desconocida y no han recibido la aprobación de las autoridades regulatorias”, señaló el Consorcio Internacional para la Anticoncepción de Emergencia (ICEC).
Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la esterilización femenina es común en nueve países de la región: Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Con 26% de mujeres esterilizadas, América Latina tiene el más alto porcentaje de esterilización femenina en el mundo, siendo el cuarto método anticonceptivo más usado en el Perú.
Uno de los mayores problemas con la esterilización femenina es que en muchos casos es forzada. Las mujeres son coaccionadas a someterse a la operación de ligadura de trompas, ya sea porque el procedimiento es explicado en una lengua que no entienden (por ejemplo, castellano frente a quechua), o les brindan información incorrecta. En algunos casos, las mujeres han sido secuestradas para ser esterilizadas. Las mujeres objetivo son por lo general indígenas que viven en zonas rurales, o aquellas que están infectadas con el virus del VIH, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por las organizaciones estadounidenses Women and Health Initiative y Open Democracy.
Durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) este fue un tema álgido. Entre 200,000 y 350,000 mujeres fueron sometidas a la esterilización forzada bajo el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria que exigía a los médicos cumplir cuotas mensuales y los trabajadores de salud eran entrenados en “capturar” la mayor cantidad posible de mujeres para ser esterilizadas. El objetivo de la iniciativa era controlar el crecimiento de la tasa de población peruana. Muchas de esas mujeres quedaron con graves secuelas a su salud o hasta murieron a consecuencia de las pésimas condiciones en que fueron realizadas las operaciones. Sólo cinco de los responsables (médicos y trabajadores de salud) han sido llevados a juicio; la mayoría de casos han sido desestimados.
El procedimiento, legalizado en 1995, fue investigado en el 2002 por el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006) que consideró prohibir la esterilización femenina debido a su controvertida historia, pero nada ocurrió. En el 2011, el gobierno reabrió nuevamente una investigación pero fue cerrada en el 2014 sin ningún avance a pesar de los miles de testimonios. El fiscal a cargo cerró el caso señalando que las esterilizaciones forzadas no constituyen un crimen de lesa humanidad.
“El problema aquí es que el fiscal considera estas graves violaciones a los derechos humanos bajo la forma de ‘delitos culposos’, que es una contradicción porque no existen violaciones a los derechos humanos no intencionales. En otras palabras [si se considera negligencia], no se comete una violación grave a los derechos humanos. También afirmó que no se trata de delitos de lesa humanidad porque ningún organismo del aparato estatal se utilizó para violar los derechos humanos”, explicó María Ysabel Cedano, directora de Demus, organización defensora de los derechos de las mujeres con sede en Lima, en una entrevista para el servicio informativoPassBlue.
En mayo fue reabierta la investigación por cuarta vez, centrándose específicamente en Fujimori. Se considera que es uno de los programas gubernamentales de esterilización involuntaria más grandes de la historia reciente.
18 años sin justicia
El 9 de julio, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMAEF) de Cusco, junto con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de la Provincia de Huancabamba, Piura, participaron en el foro “Esterilizaciones forzadas: 18 años sin justicia” realizado en la sede del Congreso peruano en Lima. El objetivo del evento era reunirse y compartir ideas, y preparar una estrategia para que su caso no sea cerrado nuevamente.
Rute Zúñiga, presidenta de AMAEF, espera ayudar a que el caso avance entregando al Congreso datos actualizados y más testimonios de las víctimas.
Activistas de derechos humanos y la parlamentaria andina Hilaria Supa han respaldado este caso desde el inicio.
“Es hora de reparar los actos de injusticia”, dijo Supa.
Las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas y sus familias siguen sin recibir reparación alguna del Estado. Fujimori, de 76 años, se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de cárcel que debe concluir en el 2032, por violaciones a los derechos humanos y corrupción, pero no ha sido juzgado por el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria y los miles de casos de esterilizaciones forzadas. Organizaciones como Demus y AMAEF continúan luchando por que se reconozca la gravedad de estos crímenes.
Actualmente, la batalla continúa para que la anticoncepción de emergencia y la esterilización femenina sean seguras y empoderen a las mujeres. Es un largo y duro camino en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. —Noticias Aliadas.
La autora es ciudadana estadounidense, recientemente graduada en Retórica del Inglés y Español de Negocios que realiza una pasantía en Comunicaciones Aliadas.