ARGENTINA-
Gran alarma y preocupación está generando en nuestro país la sigilosa operación que se está gestando contra el principio de educación laica en las escuelas primarias estatales, dice la Asociación Bautista Argentina, en un comunicado firmado por sus autoridades Carlos Bollatti y Raúl Scialabba.
La educación laica, piedra angular insustituible de todo sistema de educación universal y democrático fue el gran acierto del sistema educativo instrumentado por la ley 1420, que permitió que niñas y niños de todas los orígenes sociales, culturales y religiosos accedieran a la educación primara sin discriminaciones, sobre la base de una estricta igualdad. Es la histórica Ley que terminó en 1884 con la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.
“Ese valioso principio hoy está en peligro porque, de espaldas a la opinión pública, bajo la excusa del proceso de revisión del Digesto Jurídico Argentino (ley 26.939) se está poniendo en duda la indiscutible vigencia del art 8 de la ley 1420 que prohíbe la instrucción religiosa en las escuelas primarias del estado durante las horas de clase”, alertan.
El Digesto Jurídico Argentino, sancionado por la ley 26.939, tiene por finalidad determinar cuál es la legislación nacional vigente y cuál la legislación que ya no lo está por haber sido expresa o tácitamente derogada. En ese marco la ley 1420 fue catalogada entre las normas vigentes.
Actualmente, por disposición de la misma ley 26.939, el Digesto Jurídico Argentino está en proceso de revisión y es en ese marco donde se está gestando la operación que denuncian, mediante la cual se pretende colocar a toda la ley 1420, inclusive a su artículo 8º, en el catálogo de las normas derogadas.
El art 8 de la ley 1420 sigue vigente. No ha sido derogado ni expresa ni implícitamente por ninguna otra ley del Congreso, enfatizan.
“Es más, el principio que le da contenido, el de la educación laica, es imprescindible para el funcionamiento del sistema, pues la introducción se la enseñanza religiosa durante las horas de clase conduce inexorablemente a la discriminación e incluso, a la segregación de las niñas y niños que no profesan la religión dominante”, afirman.
Hacen un llamado a quienes, por ejercer la autoridad en nombre del pueblo, tienen más responsabilidad. “Les pedimos con la mayor vehemencia que no se alcen contra la voluntad popular expresada en la ley, que respeten el principio de laicidad de la educación primaria estatal, y que recuerden que los destinatarios de sus decisiones son las niñas y niños que habitan nuestro país”.
“Que ellos también puedan, como sus abuelos en el pasado, asistir a la escuela sin que se los discrimine por sus convicciones y creencias religiosas”, finalizan.