PERÚ-
German Vargas-
Si usted pregunta cuál es la confesión religiosa de los peruanos y peruanas puede obtener varias respuestas. Hay quienes, basados en los resultados del Censo Nacional realizado en el año 2007 por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), señalan que un 81.3 por ciento de la población es católica, un 12.5 por ciento es evangélica, un 3.3 por ciento está afiliado a otras confesiones y hay un 2.9 por ciento que no adhiere a ninguna religión.
Otros le dirán, apoyándose en datos de sus propias instituciones, que desde hace aproximadamente 30 años se percibe un incremento sostenido de los evangélicos, que han pasado de ser el 5 por ciento a cerca del 20 por ciento de la población en general.
Lo cierto es que no hay cifras que podamos considerar actuales e irrefutables, y que en varias de estas suposiciones se suele omitir la proliferación de agrupaciones religiosas de menor membresía y se subestima, es mi impresión, el crecimiento de un sector de la población que no cree en Dios ni se considera parte de alguna iglesia o confesión religiosa.
Más allá de los cálculos de unos y otros, las cifras evidencian que somos libres para creer lo que nos plazca, de profesar los dogmas y doctrinas de cualquier iglesia y de manifestar pública y privadamente nuestras convicciones religiosas. Dicho de manera sintética, somos libres para creer y para no creer.
¿Le parece elemental?, pues sí, lo es. Pero no siempre fue así. Hasta el 11 de noviembre de 1915 en el Perú no había libertad religiosa o libertad de culto. La Constitución de 1860, así como las anteriores, reconocía a la católica como religión del Estado, y prohibía el ejercicio público de otras confesiones. En esas décadas, muchas personas fueron perseguidas, encarceladas y sometidas a otros abusos por motivos religiosos.
Eso empezó a cambiar cuando a través de la ley Nº 2193, promulgada en la fecha ya indicada, se suprime la parte final del artículo 4 de la Constitución de 1860 que decía: “y no se permite el ejercicio público de alguna otra”, refiriéndose a religiones que no fueran la católica. De esa manera se establece la libertad de cultos en el Perú. La conquista de este derecho no fue gratuita, costó lucha y sacrificios.
Desde entonces muchas cosas fueron cambiando en nuestro país. Años más tarde el Estado dejó de ser confesional aunque algunos de los representantes de la Iglesia Católica actúen como si lo fuera, y la gran mayoría de los gobiernos también. Amparados en el reconocimiento que la Constitución hace de la Iglesia Católica por su aporte “en la formación histórica, cultural y moral del Perú”, y en un concordato suscrito en 1980 por Francisco Morales Bermúdez, en las postrimerías del gobierno militar, se le brindan privilegios que son cubiertos con el tesoro público, es decir con dinero de ciudadanos de confesión católica, no católica y sin filiación religiosa.
La cuestión no es meramente patrimonial. Al conmemorar los cien años de la libertad de cultos debemos revisar nuestros pendientes. Se ha avanzado pero aún falta mucho por conquistar. La democracia se edifica reconociendo derechos y no concediendo privilegios. Asumir eso, y actuar consecuentemente, debería ser nuestra forma de celebrar.
El autor pertenece a la Asociación Paz y Esperanza