URUGUAY-
Lic. Nicolas Iglesias Schneider
El Uruguay es conocido en América Latina por su carácter laico o por su distintivo de ser un pueblo “ateo u agnóstico”. Esa es una imagen paradójicamente un tanto mítica, ya que más del 80% de los uruguayos dicen creer en Dios de alguna forma, aunque su pertenencia institucional es muy baja.
El pasado martes 10 en la Facultad de Ciencias Sociales se debatieron ideas sobre uno de los temas “tabú” de la cultura uruguaya: la “laicidad”. Este seminario denominado “Laicidad y políticas públicas en el Uruguay” fue organizado por Observatorio del Sur y el Grupo de Estudios Multidisciplinarios Religión e Incidencia Pública (GEMRIP), con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, el CLAEH y la Facultad de Ciencias Sociales de la UDEALAR.
Confluyeron para este diálogo personas provenientes de diversos ámbitos académicos, religiosos, políticos y sociales. Participaron representantes de diversos órganos del gobierno, destacándose la presencia de Javier Miranda (secretario de presidencia de Derechos Humanos) Matías Rodríguez (director de políticas sociales del MIDES) Fernando Rodríguez (director del INAU). Así como desde el ámbito académico el sociólogo Néstor Da Costa, el antropólogo Nicolás Guigou, la politóloga Marcela Schenck y el filosofo Nelson Villarreal, entre otros.
Aunque hubo momentos de tensión en el intercambio se logró disfrutar de un espacio constructivo y respetuoso. Se reflexionó sobre el pasaje de un modelo de laicidad, que trataba de negar o prescindir de lo religioso, a uno más inclusivo y de reconocimiento, al menos por la vía de los hechos. Los/as especialistas coincidieron en la existencia de una crisis del “laicismo” o “laicidad negativa”, que es solo un patrimonio muy propio de los uruguayos.
El intercambio de experiencias desde las comunidades fe, contó con el aporte de Enrique, un sacerdote anglicano que trabajó con presos y con el gobierno estatal en temas educativos. Interesantes aportes de las comunidades judías, protestantes y católicas en la atención a problemáticas sociales en convenio con el Estado. Entre ellas se destacó una experiencia singular la del Centro Interreligioso del COMCAR a cargo del sacerdote Javier Galdona, donde participan doce confesiones religiosas y para el cual se elaboró un protocolo para la atención de la vida religiosa en la cárcel. Un dato peculiar es que el único centro interreligioso del país funcione en un predio estatal y sea particularmente un establecimiento carcelario.
Las discusiones más candentes en esta jornada transcurrieron por diversos temas, el uso del velo por parte de las niñas musulmanas en escuelas públicas, la subvención estatal a las escuelas de base religiosa o confesionales, el rol que ONG religiosas están teniendo en temas críticos como las adicciones y las personas en situación de vulnerabilidad social. Se plantearon preguntas sobre el rol del Estado y su vínculo con lo religioso ¿Cómo se garantizan derechos humanos en situaciones de vulnerabilidad que son atendidas sin apoyo y sin supervisión estatal?
Desde grupos feministas, se planteó la preocupación por el creciente lugar político que están ocupando una grupo de políticos evangélicos (pentecostales y bautistas) que la prensa denomina “Bancada evangélica” por su agenda política similar a la de sus homónimos brasileños. Enfocada en rebatir las legislaciones sobre: matrimonio igualitario, salud sexual y reproductiva y la adopción de niños/as por parejas del mismo sexo.
Otros puntos álgidos se generaron con la discusión en torno a la simbología religiosa en los espacios públicos. La actual presencia del monumento al papa Juan Pablo II en el centro de la ciudad, generó el reclamo de protestantes y otros grupos. La futura instalación de una imagen de la virgen María en la Plaza Armenia o la re inauguración de la capilla católica en el hospital Militar, generan la crítica de las minorías religiosas y otros grupos que no desean un trato preferencial hacia ningún grupo religioso.
Se valoró como un ejemplo de laicidad inclusiva o de reconocimiento, que el presidente Vazquez conformará el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia con cuatro miembros representativos de diversas comunidades religiosas en un total de siete miembros.
Otro de los puntos interesantes fue la presentación de un borrador del anteproyecto de ley que la Mae Susana Andrade presentará en el parlamento. El mismo incluirá las principales propuestas del Diálogo Interreligioso Uruguayo el cual fue organizado durante 4 años por el Consejo Latinoamericano de Iglesias. Los puntos principales de la propuesta son: promover la educación sobre religiones en la educación pública de acuerdo a la Ley vigente, creación de una “secretaría de culto” y el festejo de un día para el diálogo interreligioso.
Aunque no hubo conclusiones, como reflexión final del seminario se encontró un punto de acuerdo en que las religiones, el estado, los militantes sociales y la academia tenían como punto de encuentro la dignidad humana. Que esta no podía desconocer el factor religioso o la dimensión espiritual del ser humano. Inclusive que la discusión sobre el modelo de laicidad en Uruguay, podía habilitar la posibilidad de más acciones en conjunto, mientras que la perspectiva de derechos humanos sea guía en el proceso.