MÉXICO-
Leopoldo Cervantes-Ortiz-
Después de que durante varias semanas hubiera un continuo golpeteo por parte de la Arquidiócesis de México, presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera a través del semanario Desde la Fe, y de las diversas adhesiones de iglesias evangélicas en diversos foros (como fue el caso de la Confraternidad de Iglesias Cristiana Evangélicas), además de integrantes de partidos políticos como el derechista Partido Acción Nacional, el 24 de agosto se anunció casi formalmente que la iniciativa presidencial para igualar legalmente en todo el país las uniones entre personas del mismo sexo no se discutirá en el próximo periodo legislativo que inicia el 1 de septiembre.
Emilio Gamboa Patrón, al frente de la junta de coordinación política de la Cámara de Senadores y de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que dicha iniciativa no es prioritaria y que existen otros asuntos más importantes por discutir: “No veo el tema como prioritario, sin embargo, seré muy respetuoso, como siempre lo hemos sido los senadores de la República, esperar a que los diputados decidan qué aprueban y qué no aprueban. Aunque mi impresión es que hoy en el país no es un tema prioritario y no es un tema que esté presionando la sociedad de México para sacarlo adelante”.
Al ser cuestionado sobre las marchas convocadas por la iglesia católica para el 10 y 24 de septiembre en contra de la iniciativa, Patrón respondió que los legisladores “no se dejarán presionar de ninguno de los dos lados, los mismo que los diputados”. Y añadió: “Mi impresión y mi sensibilidad me indica que no es un tema que se vaya a ver en este periodo ordinario […] Matrimonios igualitarios, me parece que es una pregunta que sí tiene un grado de no consenso, en Cámara de Diputados en estos momentos”. Con ello se hizo eco del sentir de otros compañeros suyos que manifestaron la idea de que no es el momento, pero la percepción es que, en efecto, ni siquiera el PRI está dispuesto a apoyar la iniciativa, dados los embates de los grupos religiosos y organizaciones conservadoras. Esa misma postura se anunció desde mayo pasado.
“Rayuela”, el editorial breve de La Jornada, ironizó: “Ojalá la jerarquía católica, encabezada por el cardenal Rivera, hubiera sido tan enjundiosa contra la pederastia como lo es contra las legítimas uniones gays”. Antes, un editorial principal del mismo diario analizó la situación de esta manera, al analizar los textos lanzados de Desde la Fe:
Ciertamente, por lo que hace a su propia institucionalidad, la jerarquía eclesiástica tiene derecho a aferrarse, dentro de sus filas, a posturas cavernarias en materia de derechos sociales, sexuales y reproductivos y a mantener un rechazo discursivo y jurídico a la homosexualidad en particular y a todas las expresiones de la sexualidad en general. Pero su injerencismo contumaz en los procesos legislativos civiles pretende pasar por alto el principio de separación entre la Iglesia y el Estado y constituye un renovado intento por someter a la sociedad a dictados de una moral religiosa, en lo que constituye una actitud fundamentalista no muy distante de aquellos gobiernos que han instaurado la sharia islámica como fuente de su legislación.
“El mismo día, en ese periódico, el sociólogo Bernardo Barranco denunció el tono “golpista” de las protestas religiosas: “Los obispos mexicanos están jugando con fuego. […] Están provocando socialmente bajo una atmósfera de tensión en la que el presidente Enrique Peña Nieto parece estar rebasado. […] Los obispos lo saben, perciben la debilidad. Su larga experiencia política les permite calibrar la oportunidad para hacer avanzar su agenda. Ahora ven la ocasión propicia para empuñar sus principios morales y religiosos sobre el conjunto de la sociedad, pasando por encima de un gobierno agobiado” Y añade: Los principios históricos de separación entre la Iglesia y el Estado, así como la laicidad mexicana, son puestos a prueba en el momento en que los obispos transitan de la libertad de expresión, críticas contenidas en Desde la Fe, a la movilización política externada en el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) del 12 de agosto en curso.
Ahí, los obispos mexicanos no sólo apoyan las marchas convocadas por el Frente Nacional por la Familia, sino que legitiman a la ultraderecha católica yunquista. Liberan del cautiverio a la bestia de la ultraderecha católica intransigente, homofóbica y fascista. El consejo permanente de la CEM, que había guardado moderación, reitera su rechazo al matrimonio igualitario por ser parte de un conjunto de propuestas legislativas que tendrán consecuencias en un profundo cambio antropológico. Este posicionamiento episcopal contra la llamada “ideología de género” no sólo fortalece la causa del cardenal Norberto Rivera, sino expone al país a la confrontación cultural y física de grupos antagónicos.
El Observatorio Eclesial, por su parte, ha dado seguimiento a la avalancha de ataques católicos contra la iniciativa presidencial. Al mismo tiempo, el 4 de agosto se llevó a cabo una mesa redonda con diversos expositores religiosos, fruto de la cual es un documento que en sus líneas generales hace un llamado a los “sectores religiosos conservadores” a respetar el Estado laico, así como las libertades consagradas en la Carta Magna del país.
La tibia reacción gubernamental, destacada por Barranco, ante la exigencia de algunos sectores por reaccionar con mayor firmeza, consistió en que el subsecretario Humberto Roque Villanueva afirmó “que los obispos mexicanos, al convocar las marchas, no violan la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, porque aún no se ha concretado la reforma. Enfatiza la laicidad en la libertad religiosa; sin embargo, relega la equidad y la libertad de convicciones éticas contenidas en la pasada reforma al artículo 24 constitucional”.
Carlos Martínez García, en su columna quincenal, se refirió a las luchas para instaurar el estado laico en la historia del país y a las opiniones de Carlos Monsiváis y Roberto Blancarte: “La querella contra el Estado laico y la lid por restringirlo al reconocimiento de unos derechos, pero la negación de otros, tenidos éstos por la óptica clerical conservadora como aberraciones, pareciera a algunos una gesta encomiable. En realidad es una intentona por revertir una noción con la que han debido convivir a regañadientes, porque ya no tienen el poder para extirparla de la sociedad. A disgusto, los malquerientes de la libertad de conciencia la quieren restringir, con la estratagema de ser paladines defensores de la débil sociedad mexicana, que necesita su tutelaje”.
A su vez, Ariel Corpus observó que esta reacción religiosa no puede ser vista más que como una clara manifestación del “retorno de la derecha” que busca recuperar sus privilegios y no duda en azuzar a las turbas de religiosos recalcitrantes para exigirlos, incluso violentamente.
Por su parte, algunas organizaciones en favor de la diversidad sexual se manifestaron en contra de la intolerancia religiosa y anunciaron la creación de un frente común. El 22 de agosto, integrantes de grupos afines “clausuraron” simbólicamente las oficinas de la Arquidiócesis. Para el 8 de septiembre se anuncia la realización de una mesa de diálogo entre políticos y representantes de varias iglesias para apoyar la iniciativa en el marco de la laicidad del Estado y para reivindicar los avances en la materia.
Finalmente, no podían faltar las celebraciones de los grupos religiosos apenas se conoció el “congelamiento” del proyecto de modificaciones legislativas, algo sumamente previsible ante la constatación de la debilidad gubernamental para sostenerlo. Parecería que este régimen ha optado por el camino más fácil: en vez de defender las libertades y la igualdad, se vuelve a someter a los dictados de quienes continuamente se oponen a los avances sociales en pro de la igualdad y la dignidad de las personas.