(Cristian Rivas)
PUERTO RICO-
Por Luis Figueroa López, especial para ALC-
El pasado martes ocho de noviembre se llevó a cabo en Puerto Rico la jornada electoral con el propósito de “escoger” al nuevo liderato político del país que pretende regir su destino durante los próximos cuatro años. Sin embargo, es importante consignar que en esta ocasión el proceso eleccionario puertorriqueño fue considerado como uno de carácter atípico y/o “histórico”. La dimensión de lo histórico en esta jornada electoral no consistió necesariamente en la provocación de un cambio significativo en la vida de los puertorriqueños/as como consecuencia del voto, sino por las nuevas realidades contextuales desde donde se genera dicha actividad. En primer lugar, esta pasada elección se constituye en la primera, sombreada y cercada por una junta de control fiscal, impuesta por el congreso de los Estados Unidos.
Este ente creado como producto de la ley del congreso, (PROMESA)[2], concede el poder absoluto sobre las finanzas públicas del país, con el propósito expreso y sin disimulos de garantizar el pago de la deuda a los bonistas, y que ronda los 72 billones de dólares. Como producto de un intenso cabildeo iniciado en “Wall Street”, el congreso de ee.uu liderado por el partido republicano, nombró, con la complicidad del partido demócrata y su presidente, siete personas que dominarán la política económica del país, decidiendo la distribución y uso de su capital, teniendo como prioridad el pago y la eventual reinserción en el mercado de bonos[3].
La creación e imposición de esta junta de control derribó un mito que fue sostenido durante 64 años por parte de los sectores más conservadores en la arena política puertorriqueña, donde se afirmaba la obtención de un gobierno propio, pero “asociado” a la metrópoli norteamericana en el año 1952. Contundente y desmitologizante fue el planteamiento del congreso estadounidense al afirmar que la razón y fundamento principal para la creación de dicha ley e instrumento de control, descansó en la cláusula territorial hallada en su constitución, que “permite disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos”[4].
Al congreso de los EE.UU anclarse a la mencionada clausula, despejaba toda duda: Puerto Rico, señores, es una colonia. Ese carácter abiertamente colonial que mantiene la ley PROMESA se expresa en la anulación de poderes contemplados en la constitución de Puerto Rico, particularmente, poderes otorgados al gobernador y el poder legislativo en el proceso de confección, análisis y aprobación del presupuesto gubernamental. En segundo lugar, la irrupción y apoyo popular a candidatos independientes para asumir la gobernación del país también se constituyó en elemento adicional que le otorgó una dinámica distinta a los comicios.
Y mientras la agresión imperial ocurre, parece reinar la confusión en la Isla del Encanto. Una gran masa de ciudadanos interpreta el ente regulador como salvavidas económico y restaurador ético anti-corrupción de la clase política boricua. Parecen ignorar, conscientes o no, que la junta de control es una agencia de cobro en la práctica, con el propósito de garantizar los beneficios de una clase.En los partidos políticos tradicionales el liderato terminó por aceptar dicha junta y hasta mostrarse como sus devotos colaboradores. La dignidad del país parece encontrarse en pequeños grupos (colectivos) que de forma activa y militante desarrollan iniciativas para educar la ciudadanía, organizarse y resistir ante los inminentes recortes, despidos y “políticas de austeridad” queseránimpuestas. El colectivo “Resistencia Lattente” es una muestra de ello.
En esta coyuntura histórica, el sector religioso del país parece ser consistente en su actitud hacia los desafíos socio económicos de Puerto Rico a través de su historia. Un silencio y espiritualidad colonial que se manifiesta una vez más. Silencio cómplice que en la práctica supone una opción por la agenda de los poderosos y sus políticas neocoloniales y neoliberales. Al parecer, ese Jesús que irrumpe en lugares sagrados, vuelca las mesas y exorciza templos poseídos por la injusticia, no logra ser encontrado por la institucionalidad religiosa. Con sus muy pequeñas excepciones, no existe la articulación de un discurso profético, y mucho menos de una “praxis profética”. Aun así, no perdemos la esperanza de encontrarlo con aquellos/as que luchan y sueñan con un Puerto Rico libre y justo.
El autor es B.A. en Estudios Teológicos de la Universidad Teológica del Caribe, Maestría en Divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico y estudiante doctoral en Historia de Puerto Rico y el Caribe, con especial atención en Historia Decolonial.
[2] “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act”
[3] Su exposición de motivos lee como sigue: “Para establecer una Junta de Control y ayudar al Gobierno de Puerto Rico, incluidas sus instrumentalidades, en la administración de las finanzas públicas, y para otros propósitos”. Sin embargo, en el borrador del proyecto sometido originalmente por la cámara de representantes (H.R. 4900) su exposición de motivos lee: “Proporcionar un método para la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”.
[4] Articulo IV, sección 3, clausula #2 de la Constitución de los Estados Unidos de América.