ARGENTINA-
Esta medida fue sancionada en 2006 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios. La norma suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento de la situación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
- establece un nuevo reconocimiento de la obligación del Estado de generar procesos participativos con la finalidad de reconocer la propiedad de territorios a las comunidades indígenas en Argentina.
- constituye un paso previo para que se pueda determinar la ubicación geográfica de las comunidades indígenas, delimitar el territorio que ocupan y narrar la historia del uso y ocupación de ese territorio.
- es necesaria para que luego las comunidades indígenas puedan avanzar en los procesos de reivindicación, titulación comunitaria de sus territorios.
- va en la dirección correcta para brindar seguridad jurídica a las comunidades.
- brinda una herramienta de resistencia a las comunidades indígenas para frenar desalojos injustos de los territorios hasta tanto no se culmine el relevamiento.
- permite reforzar la necesidad de incorporar esta agenda en la política pública estatal.
- promovió una identidad en las luchas de los pueblos indígenas y demandas comunes sobre el territorio.
El INAI informó que en agosto de 2016 se elaboró un Proyecto de Ley de Prórroga de la ley 26.160 que extendía el plazo de la ley 26.894 hasta el 23 de noviembre de 2021. Sin embargo, al momento, ese proyecto no ha sido presentado al Congreso de la Nación. En cambio, existen proyectos tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.