GUATEMALA-
Por Claudia Florentin-
En la mañana del jueves 28, se realizó una Citación en el Congreso de la República por el caso: Licencias Forestales en Montaña Las Granadillas y el impacto a las fuentes de agua en Zacapa y Chiquimula. Fue convocada por el Diputado Leocadio Juracán, del partido Winaq, y participaron mas de 40 miembros, líderes y lideresas de comunidades Mayas Chorti con el acompañamiento del pastor Pilar Cabrera, de la Iglesia Luterana de Guatemala.
Del Instituto Nacional de Bosques defienden el otorgamiento de licencias forestales en la montaña Las Granadillas. Reconocen que tienen informes forestales pero no estudios de impacto ambiental al darlas.
Según ellos, defienden y cuidan de no dar licencias cerca de fuentes de agua. “Hacemos manejo forestal sostenible”, dicen, derivando culpa de la tala de bosques al cultivo de maíz y habas, a la extensión de la frontera agrícola.
Los y las representantes comunitarios denuncian las extracciones para palma africana, para los proyectos hidroeléctricos por grandes terratenientes, y que ahora van por minería en los territorios.
“Los pueblos indígenas no somos el problema sino la solución porque nosotros preservamos ese bosque ya que tiene impacto sobre los manantiales de agua que abastecen a Chiquimula y Zacapas”, dice un líder comunitario. “No se están analizando los impactos que ya se ven. Seguimos preguntando ¿cuál es el criterio para seguir dando licencias forestales?”
En unos años no habrá opción de quedarse en las comunidades porque no habrá agua ni suelos, tendrán que irse, ¿dónde? Porque los de las empresas pueden mudarse a lugares cómodos y buenos pero el pueblo, qué hará?”
Los defensores ya tienen procesos judiciales y amenazas a sus vidas pero seguirán, subrayan, porque no vale la vida sin trabajar por los derechos del pueblo indígena y campesino.
Quieren tener sometido a los pueblos para seguir teniendo ganancias, dicen, al Gobernador de Zacapas, presente en la audiencia.
“A nosotros no nos consultan, no se nos respeta. Con qué autoridad vienen a decir que están dando licencias, como hablan de propiedad privada cuando nosotros somos los dueños desde hace años y años”, dice un lider de la comunidad maya.
“Tenemos dignidad y hemos venido como pueblo indígena a decir “hasta aquí llegan”, los ríos ya se secaron y los funcionarios acá dicen que están trabajando según la ley. Los ríos están en agonía. Uds deben velar por el pueblo pero ayudan a los empresarios a enriquecerse y nuestros pueblos están muriendo porque sin agua no hay vida. Por qué nos hacen esta traición?” dicen desde la comunidad maya de Zacapas y Chiquimula.
Acá estamos por una necesidad, ya no tenemos agua, dicen y por eso pedimos que se cancelen las licencias forestales en Las Granadillas, no puede ser que dos o tres personas estén poniendo en riesgo de vida a miles. Las comunidades no han acordado que haya licencias en estos reservorios naturales, enfatizan; bajan cinco cargas diarias por carreteras hechas dentro de Las Granadillas, denuncian. Las autoridades no nos ponen atención, hacen reuniones, pero ¿con quiénes? No con nosotros, no estamos en ninguna mesa técnica…y los camiones siguen bajando madera…
Queremos respuestas!
Desde la Secretaria del Consejo Nacional de Áreas Protegidas informó que el área de Las Granadillas no es área protegida pero puede serlo. Convocó a una reunión directamente con el liderazgo de las comunidades afectadas por las licencias forestales en ese reservorio natural.
“Se incita al odio a los defensores y defensoras de Derechos Humanos, diciendo en reuniones públicas que están movilizando a las personas. Así crean condiciones para criminalizar a quienes defienden a los territorios y las comunidades. No es posible que en Guatemala se persiga y criminalice la labor de DDHH”, denunció el pastor José Pilar Cabrera.
El diputado Juaracan pidió a los responsables de gobierno que en el plazo de dos meses den respuesta a las consultas y demandas comunitarias que claramente piden el quite de las licencias. Si no se dan respuestas, prometió a las comunidades que se iniciará una demanda al estado guatemalteco.