Sociedad Civil Organizada pide respeto y garantías para la manifestación pacífica y para una salida de la crisis

Bolivia, foto de archivo

BOLIVIA-

Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas la noche del miércoles en choques en Bolivia entre leales y opositores al mandatario Evo Morales, en la víspera del inicio de una auditoría de la OEA a las cuestionadas elecciones que le dieron un cuarto mandato. La Sociedad Civil Organizada pide respeto y garantías para la manifestación pacífica y la adopción de medidas para una salida pacífica y
democrática de la crisis. “Vemos con preocupación el debilitamiento de los valores democráticos, especialmente la intolerancia, la falta de respeto, la poca cultura de paz y la irresponsabilidad en las declaraciones de sectores oficialistas y oposición, llegando al punto de propiciar enfrentamientos entre ciudadanos y ciudadanas con consecuencias en la integridad personal de varias personas”, afirman.

 

“Son seis personas heridas (y) dos personas fallecidas: Mario Salvatierra, de 55 años; y Marcelo Terrazas, de 41”, informó el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, sobre los incidentes registrados en el poblado de Montero, cercano a la ciudad de Santa Cruz, bastión de la oposición, en el este del país.

Aquí el Pronunciamiento completo:

Las organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil de Bolivia, defensoras y defensores de
derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación por los hechos de violencia suscitados en
varias ciudades, y ante la posible profundización del conflicto a niveles no aceptables de convivencia
pacífica y armónica dentro de los límites de un Estado Constitucional de Derecho e incompatibles con
los valores democráticos que deben primar en situaciones como la presente.

El derecho a la protesta pacífica es expresión de una democracia saludable, ha permitido el desarrollo
de los derechos humanos y las conquistas sociales alcanzadas, gozando de especial protección en la
Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos como una
forma de expresión de las demandas y voluntad popular.

Acogemos, por tanto, el llamado que han realizado organismos internacionales de derechos humanos
como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH al Estado boliviano
en días pasados, recordando que el uso de la fuerza durante las manifestaciones debe aplicarse en
circunstancias excepcionales, y conforme a las leyes vigentes que comprenden los principios de
legalidad, necesidad y proporcionalidad.

De allí que el Estado boliviano tiene el deber de prestar las garantías necesarias para la expresión
popular en el marco de su derecho a la reunión, manifestación pacífica, y sólo establecer límites en el
marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado en resguardo de la seguridad y la
protección de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Asimismo, vemos con preocupación el debilitamiento de los valores democráticos, especialmente la
intolerancia, la falta de respeto, la poca cultura de paz y la irresponsabilidad en las declaraciones de
sectores oficialistas y oposición, llegando al punto de propiciar enfrentamientos entre ciudadanos y
ciudadanas con consecuencias en la integridad personal de varias personas.

Actualmente, las redes sociales desempeñan un papel vital en ayudar a los defensores y defensoras de
los derechos humanos y a la comunidad a organizarse, y dar voz a sus preocupaciones, sin embargo,
estas no deben convertirse espacios de vigilancia, censura, acoso o incitación a la violencia a través de
las plataformas de medios sociales.

Condenamos especialmente los discursos públicos de algunas autoridades y líderes que promueven
directa e indirectamente a la confrontación y a la restricción de las libertades de la población que ejerce
su derecho de manifestación pacífica, por lo cual alertamos a los actores relevantes sobre el impacto
que tienen los discursos que están utilizando que exacerban los ánimos de los manifestantes y
contribuyen a la creación de un ambiente violento, que promueve el odio y confrontación en el conflicto
que vive nuestro país y que reavivan posturas racistas, machistas y homofóbicas.

Frente al importante desafío de afrontar la crisis política con salidas que fortalezcan la institucionalidad
democrática, el respeto y protección de los derechos humanos de la población, desde las
organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil de Bolivia, defensoras y defensores de derechos
humanos nos manifestamos:

PRONUNCIAMIENTO
 Exigimos al Estado otorgar las garantías necesarias a todas las personas para ejercer su derecho a
manifestarse pacíficamente, con especial protección a las libertades de expresión, opinión, reunión
pacífica, libre información y participación en asuntos públicos.
 Instamos a las autoridades a garantizar la seguridad de la población que se encuentra movilizada y a
un uso proporcional del poder punitivo, especialmente en las detenciones cuyos procesos deberán
enmarcarse en el debido proceso y cumplir con condiciones de imparcialidad e independencia frente
a la ley.
 Demandamos la otorgación de garantías reforzadas para defensores y defensoras de derechos
humanos, y particularmente a periodistas que están recibiendo ataques o amenazas en el marco de
su labor de cobertura. En este marco exigimos que se garantice a la ciudadanía en general, y en
especial a trabajadores de la prensa el acceso a la información pública garantizando una cobertura
adecuada, imparcial a los hechos acontecidos en este conflicto.
 Exhortamos a la ciudadanía a ejercer sus derechos con apego a los valores democráticos de
tolerancia, pluralidad y respeto. Hacemos un llamado enfático a evitar la desinformación a partir de la
circulación de información falsa, que busque confundir, exaltar los ánimos, generar temor y
confrontación entre la población, reiterando la importancia de verificar fuentes y veracidad sobre los
datos que se comparten.
 Consideramos inadmisibles desde todos los actores decisores y en conflicto el uso de advertencias o
amenazas que pongan en riesgo la seguridad de las personas movilizadas o el acceso a servicios.
 Convocamos al Estado a promover salidas pacíficas y democráticas a la crisis que vive el país,
brindando respuestas consensuadas, oportunas y legítimas a la población.

º ADESPROC – Libertad
º Asociación Un Nuevo Camino
º Asociación de Mujeres Jumampi Lurata
º Cámara de Comercio y Servicios de
Cochabamba
º Capacitación y Derechos Ciudadanos
º Carrera De Ciencias De La Comunicación
Social – Universidad Mayor Real Y
Pontificia San Francisco Xavier De
Chuquisaca
º Ciudadanía Comunidad de Estudios
Sociales y Acción Pública
º Colectivo de Derechos Humanos
EMPODERATE
º Colectivo DSG Cochabamba
º Colectivo TLGB del SUR
º Colectivo TLGB Tarija
º Coordinadora de la Mujer
º Comunidad de Derechos Humanos
º INIFH, Instituto de Investigacion de la
Facultad de Humanidades UAGRM
º Plataforma Ciudadana por el Acceso a la
Justicia y los Derechos Humanos.
º Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca
º Facultad De Derecho, Ciencias Sociales Y
Políticas – Universidad Mayor Real Y Pontificia
San Francisco Xavier De Chuquisaca
º Fundación CONSTRUIR
º Fundación Multitudes
º Fundación ÑAÑOPE
º Fundación IVI MARAEI
º Fundación Paz y Esperanza
º Ni Una Menos –Tarija
º Observatorio Infanto juvenil – UAGRM
º Oficina Jurídica para la Mujer
º ONG Conexión
º ONG Realidades
º Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos
º Pastoral Penitenciaria Caritas.
º Red Boliviana Ecuménica de Teólogas y
Activistas
º Defensores de Derechos Humanos
º Verónica Salinas Palma
º Adrián Piejko Patiño
º Feliza Velarde

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