Pronunciamiento “A 50 días de la emergencia por COVID 19: Por un estado garante de derechos”

PERÚ-

El Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, transcurridos los 50 días de aislamiento obligatorio decretados por el gobierno peruano frente a la pandemia del COVID 19, saluda los esfuerzos del gobierno peruano por afrontar la crisis y tratar de contener el contagio para evitar una mayor propagación, y así ganar tiempo para mejorar la respuesta de nuestro débil sistema de salud.

La crisis continúa y se acentúa, sufriendo las mayores consecuencias las y los más pobres, olvidados y desplazados, en quienes no podemos dejar de ver al mismo Jesucristo encarnado: “En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de éstos mis hermanos, me lo hicieron a mi” (Mt. 25, 40). Elevamos una oración a Jesucristo, Señor de la Vida y de la Historia, para que nos ilumine y nos de la tranquilidad, paciencia, y en especial la confianza de superar juntos este momento difícil para la humanidad con la pandemia del COVID 19.

1. Sin embargo, el hecho de mantenernos unidos en ésta lucha, nos obliga también como Iglesias “a escuchar el clamor de la gente que sufre”[1], y expresar públicamente los sentires y demandas de aquellas hermanas y hermanos más afectados y golpeados por la crisis: Si bien el gobierno, en general, viene desarrollando una gestión adecuada de la emergencia, consideramos que no ha asumido aún el rol garante de derechos como le corresponde, tomando decisiones en muchos casos desde una perspectiva tecnócrata. Por ello, las medidas que se vienen adoptando no corresponden al marco de los cambios estructurales que son necesarios en éste momento, con perspectiva social.

2. Si bien hay avances, aún no hay medidas suficientes y adecuadas para la mejora de la situación de hacinamiento de los internos/as en los penales, la atención de salud de las personas en los nosocomios estatales que sigue siendo deficiente y los servidores de salud no tienen condiciones para ejercerla adecuadamente, las decisiones privilegian el apoyo a las empresas por encima de los derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas u originarios en los territorios donde realizan sus operaciones con riesgo para su salud y vida, y en esas circunstancias iniciamos hoy la “reactivación económica”, en condiciones que pueden agudizar la afectación de derechos fundamentales y las brechas sociales.

3. La crisis ha evidenciado lo que ya conocíamos, y nos ha develado un sistema económico que se sostiene “en el principio de que toda actividad humana no tiene otra finalidad que la de producir y consumir, fijar un precio y obtener beneficios monetarios; desplazando a un segundo plano el derecho de toda persona a una vida digna basada en la justa distribución de los bienes, materiales y espirituales”[2]. Eso implica que si bien hemos ahorrado recursos como país ha sido sólo para acumularlos, pero no se ha priorizado el cumplimiento de derechos como la mejora de la calidad y acceso a la salud integral, que considere como población vulnerable a las/os afectadas/os por metales tóxicos por actividades extractivas (como minería e hidrocarburos) y a los pueblos indígenas y originarios, y una educación con equidad y, enfoque intercultural. La crisis actual nos exige una política integral de la salud desde la atención primaria, como lo ha expresado el presidente Vizcarra y esperamos que desde el gobiermo cumpla con su ofrecimiento, y a partir de ahora realizar el gasto necesario para brindar a la población lo necesario en todos los ámbitos de sus necesidades, para que puedan vivir dignamente

4. La agricultura, que abastece el 70% de la canasta familiar a nivel nacional, y a la que se dedican las Comunidades Campesinas y Nativas, ha sido seriamente afectada por la crisis. El anunciado bono rural y el ahora llamado “universal” debe llegar a toda la población que lo requiere. El argumento de que muchos ciudadanos y ciudadanas no cuentan con cuentas bancarias constituye un obstáculo para recibir este beneficio es ofensivo, pues las poblaciones no tienen los recursos para adquirirlo y mantenerlo. Consideramos que el Estado debe brindar los medios para facilitar el cobro de dicho bono, considerando la realidad de los beneficiarios.

5.       Respecto de la agricultura familiar debe haber una política de sostenimiento no sólo paliativa, que brinde seguridad jurídica a los territorios de nuestras comunidades y facilite su actividad económica hoy para facilitar y agilizar las cosechas, no solo con créditos para mayor endeudamiento, pues se corre el riesgo de afectar la cadena de alimentación, lo que agudizaría la crisis de salud como consecuencia. Se debe pensar en nuevas perspectivas económicas que prioricen actividades sostenibles para nuestra economía como la agricultura, que den empleo y que favorezcan la seguridad alimentaria, y evitar riesgos ambientales y sociales con otras actividades que las puedan poner en peligro como la minera.

6.       Las medidas económicas de uso de los fondos de AFP, CTS, hacen que las/os peruanos que tiene empleo formal hagan uso de sus ahorros para mantenerse y mantener la economía, y no tengan como hacer frente a un posible desempleo, facilitado por la aprobación de la aplicación de la suspensión perfecta de labores por las empresas, ello sumado al descontento social por la falta de apoyo sostenido a las poblaciones sin empleo formal y en pobreza extrema, que en muchos casos no han recibido bonos o canastas, genera un descontento que ya han generado protestas, y puede implicar estallidos sociales.

7.       Las facilidades otorgadas a la gran minería para realizar algunas operaciones durante la emergencia como “actividad esencial” ha generado el contagio de 226 trabajadores de 9 unidades mineras por COVID 19 según el MINEM, y el cierre de operaciones de empresas como Antamina ante ésta situación. Pese a ello el gobierno ha dictado un protocolo, que no considera la exigencia de muestreos de COVID 19 para los trabajadores, para que todas las empresas de gran minería inicien hoy sus operaciones, sin que haya una supervisión adecuada, para lo que no está preparada la OEFA ni SUNAFIL. Se suma a ésta situación el impulso que busca dar el gobierno a la minería con la flexibilización del reglamento ambiental para la exploración minera que prepara el Ministerio de Energía y Minas, y cuyas actividades se iniciarían en junio según el cronograma de “reactivación económica”.

8.       Valoramos el rol de las fuerzas armadas y policiales en el control del orden durante la emergencia actual, y esperamos se respete el derecho a la salud de sus efectivos, sin embargo, seguimos con preocupación las normas dictadas durante la pandemia para facilitar el uso de la fuerza con impunidad, para la represión de parte de las fuerzas policiales y armadas, que ya han generado acciones que han afectado derechos, en especial contra defensores de derechos humanos, y que ya hemos alertado pueden ser una herramienta para la criminalización de la protesta, pensando no solo en estallidos sociales por el descontento durante la crisis, sino también frente al rechazo de la población respecto de la imposición de la actividad minera, que al parecer se agudizará pues el gobierno ha decidido siga siendo la principal actividad para lograr la “reactivación económica”.

9.       Las poblaciones que se trasladan a nivel nacional en un “éxodo” migratorio de retorno a sus lugares de origen por la falta de empleo y oportunidades que tenían en el empleo informal y que la han perdido durante la emergencia, no han tenido de parte del gobierno central, y en particular de los gobiernos regionales y locales una acción inmediata de apoyo, similar a la que hubo con la repatriación de nuestros connacionales que residen en el extranjero, pese a que los gobiernos sub nacionales tienen los recursos para realizar dicha acción. Éstas personas no fueron favorecidas con los bonos otorgados, y han “visibilizado” la situación de marginación y exclusión en la que han vivido en este tiempo quienes migran y viven del trabajo informal.

10.   Se suma ésta situación la demora en el gasto de los recursos transferidos a los gobiernos regionales y locales para brindar canastas y recursos a las poblaciones vulnerables y las denuncias de corrupción en la compra de productos que se han hecho públicas y que incluye al gobierno nacional también. Por eso la importancia de facilitar e impulsar la participación de la población organizada en la vigilancia de los recursos que les corresponden, para que estos lleguen a las familias que los necesitan, y la activa participación de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo que sea conjunta con la población, en la vigilancia que evite la corrupción en este momento de emergencia en particular.

11.   Hoy más que nunca se necesita la palabra de nuestros obispos, pastores, sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as frente a la crisis que ocurre en el país, a fin de mantener la esperanza en éste momento difícil y convocar a la solidaridad, pero también para asumir su rol profético de denunciar aquello que es necesario visibilizar y exigir una acción inmediata en la defensa de los derechos de las personas y que se brinden las necesidades básicas a la población y comunidades para que tengan una vida digna.

12.   Es un momento de solidaridad al que todas y todos estamos llamados, en especial quienes más riqueza han acumulado, para compartirla con quienes menos tienen a través de mayores tributos, contribuciones o acciones solidarias en la búsqueda de un país más justo y equitativo en adelante. Lo que antes debió ser algo común, debe ser expresado hoy en acciones concretas que permitan visibilizar que otro mundo es posible.

13.   Nos queda la esperanza de ver como las Comunidades y Rondas Campesinas se organizan para cuidar sus territorios comunales frente a un posible contagio que aún no los afecta, como los comedores, organizaciones de mujeres y organizaciones populares se organizan de forma solidaria permitiendo que puedan apoyarse mutuamente en tiempo de crisis.. Nuestro pueblo cuenta con muchas redes de solidaridad que nos dan esperanza en un mundo diferente, basado en el vivir en comunidad, como nuestras primeras comunidades cristianas: “Todos los que habían creído vivían unidos; compartían todo cuanto tenían” (Hch. 2, 44), como nuestras poblaciones ancestrales y originarias, y su amor por la naturaleza y la búsqueda del bien común y el buen vivir.

El individualismo, el antropocentrismo, deben ser desterrados para evitar que la crisis del COVID 19 y otras que persisten como el cambio climático, la pobreza extrema, el consumismo desmedido acaben con los seres humanos y con nuestra naturaleza, porque debemos entender que nosotros necesitamos de la naturaleza, pero ella tiene todo el derecho de defenderse de quien la ataca y busca acabar con ella.

Como seres humanos debemos asumirnos parte de la naturaleza, Dios tuvo “una mirada integral e integradora de todos los aspectos”[3] de la creación, somos todas y todos parte de ella, por eso nuestro interés debe cambiar, y no continuar “aprovechándola” y “poniéndola en valor”, sino protegerla para que podamos seguir sintiéndonos maravillados por ella, como Dios al contemplar su creación, que vio “que todo cuanto había hecho era bueno” (Gen. 1, 31).

Lima, 04 de mayo de 2020.

NODO PERÚ – RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) / RED MUQUI Perú / Instituto Bartolomé de las Casas (IBC) / Red Uniendo Manos Perú / Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (PCUSA) / Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno) / Asociación Marianista de Acción Social (AMAS Otuzco) / Parroquia de San Mateo (Diócesis de Chosica) / Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF Cusco) / Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES Cajamarca) / Proyecto Amigo (Huamachuco) / Pastoral Social – Vicariato Apostólico San Francisco Javier (Jaén) / Campaña Evangélica Renovemos Nuestro Mundo / Comisión DDHH y JPIC – Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú (CONFER) / Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú (AGEUP) / Iglesia Evangélica Pentecostal / Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado / Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú / Federazione Organismi Cristtani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV).


[1] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[2] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 29.

[3] Carta Encíclica “Laudato Sí, sobre el cuidado de la Casa Común” (LS). Papa Francisco. Vaticano, Mayo 2015. N° 141.

Fuente: https://ceas.org.pe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *