“Gobierno debe implementar decididamente el acuerdo con Farc” Informe de Veeduría de Dipaz

COLOMBIA-

Este 27 de Mayo DiPaz presentó el primer informe del año sobre el desarrollo de la implementación de Acuerdo entre Gobierno y Farc, en el marco de la crisis producto de la pandemia; el contenido de este se desarrolló por parte del equipo de veeduría de DiPaz y fue presentado por Atahualpa Hernández, Obispo de la Iglesia Luterana y Valentina Beltrán integrante del Ejecutivo de FARC para el Consejo Nacional de Reincorporación Componente Farc.

Este es el cuarto informe de Veeduría de DiPaz, un ejercicio que ha contado con el respaldo de la Unión Europea y de varias organizaciones que, viendo la importancia de acompañar la implementación del acuerdo como un aporte a la construcción de paz en el país, han decidido respaldar este quehacer en el que se cuenta con un equipo humano en la región del Caribe, Urabá y la zona del Sur Occidente del país, que incluye el departamento del Cauca.

El documento recopila información del periodo de enero y abril de 2020, basado en información suministrada por fuentes territoriales directas de organizaciones miembros de Dipaz a través de visitas, respuestas a unos 10 cuestionarios tramitados ante instancias del Gobierno Nacional como la Consejería Presidencial para la Estabilización, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

“Al término del informe siguen siendo parciales las respuestas a unas cuatro cuestionarios, sin lograr respuestas adicionales de parte de otras entidades a las que fueron remitidas”

Por otro lado  se tramitaron cuestionarios a instancias de FARC como Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la Implementación (CSIVI). El equipo de DiPaz también hizo una revisión de prensa y documentos existentes de instancias relacionadadas con la implementación del acuerdo y se realizaron entrevistas telefónicas a líderes de los ETCR de Caldono y Miranda en el Cauca, Ituango en Antioquia, Tierra Grata en el Cesar y Pondores en la Guajira. 

Valentina Beltrán, representante del Consejo Nacional de Reincorporación componente Farc, señaló que todos los compromisos con la paz por parte de la comunidad fariana siguen vigentes, “todos los proyectos en su mayoría de autogestión, han generado impacto positivo en el territorio, pero ha sido por el trabajo mancomunado de las comunidades y de las organizaciones sociales en el territorio, no por la voluntad política del Gobierno para garantizar la implementación tanto de los puntos del Acuerdo, como de la política de reincorporación”.

Lo que hemos observado en cuanto a la implementación

En el informe el DiPaz logró identificar que:

Han sido asesinados 24 firmantes del acuerdo de paz y 84 líderes sociales registrados en departamento como Cauca, Putumayo, Nariño, Chocó, Antioquia. (al cierre de esta nota conocemos del asesinato de Manuel Olaya y la cifra de asesinatos asciende a 198 desde la firma del acuerdo)

Aunque siguen reconocidos mas de 13 mil firmantes del acuerdo final de paz, es grave la incertidumbre en que se encuentra el proceso de reincorporación. Son varias las razones, entre ellas, los riesgos en su seguridad física como los registrados en el ETCR en Santa Lucía, Ituango, Antioquia por operaciones armadas de las llamadas Autodefensas Gaitanistas y grupos pertenecientes a disidencias en esa zona.

El asesinato de dos excombatientes entre diciembre de 2019 y abril de 2020, llevando a desplazamiento de unas 62 personas y a que se dispersen geográficamente para buscar su seguridad y sustento. 

Si bien se adelantaron acciones por parte del CNR para buscar alternativas de reubicación esto no se ha dado, persistiendo la situación de inseguridad y la imposibilidad de avanzar en sus procesos socio económicos. En diciembre de 2019 la cooperativa de este ETCR firmó un convenio para la adquisición de un predio para el fomento de las iniciativas agropecuarias con la Fundación Alemana Portadores de Esperanza de Alemania-Hoffnungs Träger y la Confraternidad Carcelaria de Colombia, miembro del DIPAZ, el cual se encuentra paralizado debido al futuro incierto del ETCR y al anuncio en el mes de enero de su traslado asunto que a abril 30 de 2020 no ha ocurrido.

Por otro lado,  72% de las personas en proceso de reincorporación se encuentran fuera de los ETCR y se ubican en unas 75 nuevas áreas de reincorporación –NAR- tanto rurales como urbanas, áreas que no son reconocidas por instancias del gobierno competentes en el tema como la ARN y la Consejería Presidencial para la Estabilización. Las razones para salir de los ETCR están asociadas a la necesidad de garantizar su seguridad física, oportunidades de empleabilidad, proyectos productivos y reencuentro famliar.

El informe señala que la normatividad que define la nueva Ruta de Reincorporación a través de la Resolución 4309 de 2019 de la ARN, es insuficiente respecto a una visión de estabilización socioeconómica y de arraigo territorial de la reincorporación, omitiendo la perspectiva colectiva definida en el Acuerdo Final de Paz, el no reconocimiento de las Nuevas Áreas de Reincorporación –NAR- y las ubicaciones urbanas que de facto se constituyeron al encontrar mejores oportunidades para el desarrollo de iniciativas productivas, cercanía a las familias extensas y otras garantías de seguridad.

Si bien la nueva ruta considera la adaptación de algunos ETCR, buena parte de las personas en proceso de reincorporación no se encuentran allí y es necesario reconocer las NAR como nueva ubicación de los excombatientes.

En el marco de la emergencia social y sanitaria generada por el Covid-19 personas entrevistadas en 5 ETCR reconocen la provisión de alimento y servicios básicos que está haciendo la ARN. Sin embargo tienen alta preocupación por la falta de acceso a las comunicaciones vía teléfono e internet lo que obstaculiza el normal desarrollo entre otras, de acciones educativas, de seguridad e interlocución con la institucionalidad para efectos de la concertación de los planes de reincorporación que están estipulados en la nueva ruta. También hay alta preocupación por la limitada y deficiente respuesta en servicios de salud pública en caso de necesitar atención especializada.

Desde la firma del acuerdo la Farc en su proceso de reincorporación a la vida civil ha adelantado por lo menos 30 acciones de reconciliación sobre casos emblemáticos, y en cada ETCR se avanzan en iniciativas de reconciliación y pedagogía de paz. Por ello en el marco de este informe resaltamos la experiencia liderada por excombatientes del ETCR Tierra Grata Cesar con la instalación de la energía eléctrica en su espacio. 

Esta iniciativa llevada a cabo durante 14 días y con un costo de col$80millones, integró a 250 personas del ETCR hacer de 2km de cableado. Los aportes incluyeron 465 jornales de los cuales 104 fueron provistos por mujeres. La llegada de la electricidad al ETCR beneficia a 230 personas del ETRC y a 50 personas del municipio de La Paz. Acciones concretas como esta permiten la interacción entre excombatientes y la comunidad y la construcción de relaciones de cara a la reconciliación.

DiPaz alerta sobre la situación que viven los y las firmantes de paz

DiPaz y las organizaciones que lo integran señalan que se debe evalúe la actual oferta de la reincorporacion y sus beneficios sociales y económicos de acuerdo a las necesidades prevalentes en sus contextos de ubicación actual. La ruta de reincorporación debe explicitar asuntos relativos a la seguridad física y jurídica, la provisión de tierras para viabilizar los proyectos de vivienda, habitabilidad e iniciativas productivas, la promoción sostenida de las iniciativas de paz y reconciliación.

Así mismo estas estrategias deben incorporar de manera intencional el enfoque diferencial para hacer un abordaje integral desde las mujeres, jóvenes, niñas, niños, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y grupos étnicos y las necesidades particulares de reunificación familiar y atención preferencial a mujeres a quienes les asesinaron a sus compañeros de vida en el proceso de reincorporación.

Las garantías de seguridad para excombatientes deben hacerse explícitas en la nueva ruta de reincorporación, deben tener un enfoque territorial y responder a las particularidades del contexto local y regional. Esto incluye la presencia integral del Estado y sus diferentes entidades y para ello se requiere el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre lo local y facilitar la interlocución de las comunidades en escenarios locales con las entidades del estado competentes.

“Solicitamos al estado colombiano a cumplir con eficacia e integralidad del acuerdo final de paz en medio de las medidas de pandemia”.

En este momento es necesario privilegiar la protección y el cuidado de la vida humana y de la creación tal como lo han exhortado también líderes religiosos como el Papa Francisco, la Arzobispa de la Iglesia de Suecia, instancias como el Consejo Mundial de Iglesias y organismos multilaterales como las Naciones Unidas en cabeza de su secretario general. 

Desde la fe cristiana que busca vivir la paz que Jesús da, Dipaz exhorta a trabajar en la  defensa del Acuerdo Final de Paz, a dejar de lado el uso de la violencia para hacer política, a que nos reconciliemos como parte de la familia colombiana y podamos avanzar en una agenda nacional, apelando a la paz como un derecho humano superior requisito necesario para el ejercicio de los demás derechos, así como dar respuestas a los graves problemas humanitario y de seguridad en el territorio colombiano donde se vive el conflicto.

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