Entre fuegos cruzados en tiempos de pandemia: las otras plagas del Chocó

COLOMBIA-

Miguel Estupiñán / @HaciaElUmbral

Las organizaciones étnico-territoriales del Chocó denuncian un recrudecimiento del conflicto armado en plena crisis del coronavirus. Según manifestaron mediante un comunicado también suscrito por la Iglesia Católica, la situación generada por el COVID-19 se suma a la histórica crisis humanitaria del departamento, expresada ahora en un aumento en los niveles de violencia.

Al menos 75 personas asesinadas solamente en Quibdó entre enero y mayo. Continuos enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —éstas últimas señaladas de mantener alianzas con sectores de la Fuerza Pública—. Miles de desplazados provenientes principalmente de comunidades indígenas y afro cuyos territorios se disputan los grupos armados y los megaproyectos. Y un avance a plena luz del día de la minería mecanizada que envenena los ríos en un departamento con más del 78% de su población sumida en la pobreza, sin acceso a servicios públicos. He aquí parte del escenario descrito por las organizaciones de la sociedad civil que siguen exigiéndole al presidente Duque un “Acuerdo humanitario ya”, mientras cuestionan que sus denuncias no hallen una respuesta adecuada.

“Si el Gobierno quiere eficacia y credibilidad en las medidas para combatir el avance de la pandemia y para proteger la vida del pueblo —afirman—, no se puede limitar a los decretos de cuarentena y descuidar el panorama del conflicto armado, las economías ilegales, la miseria, la corrupción y la falta de atención en salud que históricamente están cobrando innumerables vidas en el departamento del Chocó”.

“No podemos quedarnos callados”. Tal es la convicción de decenas de líderes que, acompañados por la Iglesia, alertan que al COVID-19 en Chocó se añaden los impactos de los “virus históricos” de la región: la guerra sin fin, que trae consigo asesinatos selectivos, instalación de minas antipersonales, reclutamiento de menores, amenazas a líderes y a comunidades, desplazamiento y despojo; la suma de extractivismo y de corrupción, que ha hecho imposible la protección del río Atrato en coherencia con la sentencia T622/2016 de la Corte Constitucional, que lo reconoció como “sujeto de derechos”; enfermedades endémicas y epidémicas como la tuberculosis, la pulmonía, la neumonía, el dengue y el paludismo: y un sistema de salud incapaz de atender a una población en permanente vulnerabilidad, más allá de la pandemia del coronavirus.

Para estos líderes y las comunidades que representan, la garantía de vida digna integral en favor de la población chocoana pasa por la puesta en marcha de políticas públicas en armonía con la visión de paz territorial en la región. Sin embargo, la perspectiva del Gobierno es lejana a esta visión madurada durante décadas de movilización social, que implica respetar el derecho a la consulta previa y reconocer a las autoridades indígenas y afro, así como los reglamentos comunitarios. De igual modo, dicha visión requiere que se restablezca la mesa de diálogos con la insurgencia y genere mecanismos transicionales para el sometimiento a la justicia de otros actores armados. Y, de manera particular, exige la implementación de los acuerdos a los que el Estado colombiano llegó con las FARC, incluyendo el capítulo étnico. Éste es una conquista de las organizaciones sociales afro e indígenas con miras a la materialización de una paz que les reconozca la soberanía sobre sus territorios y respete su identidad cultural, para avanzar en la superación del racismo estructural.

En días pasados, Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, hizo suyas las palabras de George Floyd: “no puedo respirar”. Se había hecho pública la noticia de nuevas amenazas en su contra y en contra de su familia, luego de verse obligado a dejar con los suyos su natal Chocó por cuenta de amenazas anteriores. En diálogo con la socióloga Sara Tufano y con la abogada y activista afro Francia Márquez, Palacios, secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico, agregó que “así estamos en Colombia: no queremos seguir enterrando los muertos”. Es la misma afirmación de los líderes afro e indígenas de todo el Chocó, que sostienen, en compañía de la Iglesia, que “con los recursos que se malgastan en una guerra interminable se podría construir y sostener un sistema de salud sólido coherente con el derecho universal y no con el lucro”.

El autor es Periodista, teólogo y magíster en estudios literarios.

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