Neutralidad vaticana, instrumento del uribismo contra monseñor Monsalve

COLOMBIA-

Por Miguel Estupiñán-

La posición del arzobispo de Cali sobre la actitud del uribismo frente al proceso de paz no es ajena a amplios sectores de la sociedad civil. Por eso numerosas organizaciones étnico-territoriales han manifestado su solidaridad a Darío de Jesús Monsalve, en atención a los ataques lanzados contra él en los últimos días.

Dichos ataques confirman el planteamiento del prelado sobre la actitud vengativa del uribismo en relación con quienes han apoyado una salida política al conflicto armado en Colombia. Con un agravante: al calificar de guerrillero al obispo, el uribismo expone la vida del prelado.

La historia del país demuestra que la estigmatización es la antesala de planes homicidas perpetrados a la sombra de los reflectores. El exministro Juan Carlos Pinzón se puede lavar las manos, pero ello no borrará la irresponsabilidad de sus declaraciones sobre supuestos vínculos con la insurgencia de algunos miembros de la Comisión de la verdad.

Pues bien, similar campaña se ha propuesto adelantar el Centro Democrático contra Darío de Jesús Monsalve; pero, quizás, con mayor atrevimiento. El senador Gabriel Velasco le ha sugerido al nuncio apostólico el traslado del obispo, tratando de capitalizar el pronunciamiento de la nunciatura secundado por la Conferencia Episcopal. Echa mano el parlamentario de una práctica centenaria en la cultura política del país: servirse de la autoridad religiosa para fines partidistas. Olvida el senador que los tiempos del Patronato en los que el poder político opinaba ante Roma sobre quién debía o no tomar posesión de determinada sede episcopal han pasado a la historia. A menos que el deseo del partido de Gobierno sea que nuevamente existan relaciones subsidiarias entre el poder político y el poder eclesiástico.

Con su silencio frente a la estigmatización del arzobispo de Cali por parte del Centro Democrático, la Conferencia Episcopal se presta para la instrumentalización de su toma de distancia frente a las posiciones de Monsalve. Ya en 2016, una marcha en defensa de “la familia” convocada por el cardenal Rubén Salazar en su sala de prensa, sirvió para los fines de la campaña por el No en el plebiscito, catapultada sobre la base del rechazo a la denominada “ideología de género”.

Ahora el presidente Iván Duque se sirve de la Virgen de Chiquinquirá y de otros símbolos religiosos en sus alocuciones sobre la pandemia; la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez consagra el país a la Virgen de Fátima y la ministra del Interior, Alicia Arango, utiliza recursos administrativos para mantener contentos a sectores del cristianismo colombiano. Los mismos que apoyaron la llegada del candidato de Álvaro Uribe a la Casa de Nariño y que incidieron eficazmente sobre el Gobierno para que éste autorizara abrir progresivamente los templos católicos y otros lugares de culto cristiano, en contra de la opinión de expertos epidemiólogos.

La cercanía entre estos sectores del cristianismo y el Gobierno, así como el conflicto entre el uribismo y el arzobispo de Cali, develan el momento de las relaciones Iglesia-Estado en Colombia. No es nuevo que quien desde el seno del ámbito religioso o desde sus periferias asume una actitud crítica frente al poder temporal es declarado proscrito por parte de éste. Por el contrario, quien subordina la función religiosa a los intereses partidista es recibido en palacio como Pedro por su casa.

Desconcierta pensar que el nuncio Luis Mariano Montemayor desconociera los efectos que podría tener su pronunciamiento, sobre todo pasados casi dos años de su llegada al país; y consciente, como está el diplomático, de las características de la violencia política en Colombia. La apariencia que da el comunicado secundado por la Conferencia Episcopal es que Darío de Jesús Monsalve está solo y no cuenta con el respaldo de su institución. Fallan quienes quieren imponer ese relato, leyendo entre líneas. La credibilidad del arzobispo de Cali entre quienes participan del movimiento en favor de la paz crece por cuenta de aquellos que lo atacan y de quienes lo apoyan. En contraste, la imagen de la Conferencia Episcopal pierde respeto entre muchos de quienes se la han jugado por otro tipo de sociedad.

¿Genocidio o etnocidio?

Quienes se apresuraron a difundir a través de notas periodísticas de última hora la expresión “venganza genocida” en boca del arzobispo de Cali pasaron por encima del contexto en que Darío de Jesús Monsalve le atribuyó esa actitud al uribismo: un foro en el marco de la quinta asamblea de la comisión étnica para la paz y la defensa de los derechos territoriales.

Como reiterativamente ha denunciado Leyner Palacios, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes son los principales afectados por la agudización del conflicto armado, víctimas de racismo estructural y marginación histórica. Se entiende por qué durante su intervención en el marco de la citada asamblea, el arzobispo de Cali comparó el grito de George Floyd mientras moría a manos de policías de Minneapolis con el grito de quienes sufren en Colombia los impactos de la guerra más que cualquiera. El prelado recordó a Anderson Arboleda y a Janner García, asesinados en Puerto Tejada por personas que sus familiares identifican como policías. También rechazó las violaciones contra niñas indígenas perpetradas por hombres del Ejército nacional.

“Experimento frustración e incertidumbre en relación al inmediato futuro del proceso de diálogo entre el Gobierno y el ELN”, añadió. Son sentimientos que comparten los pueblos étnicos que no se cansan de exigir un Acuerdo humanitario en el Pacífico, pues después de la salida de las FARC de sus territorios han visto reconfigurarse el mapa del control impuesto por los restantes actores armados en la región. Los combates entre el Ejército de Liberación Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, señaladas de mantener relaciones con la fuerza pública, han hecho recordar el escenario que antecedió a masacres como la sucedida en Bojayá en 2002. Como ha explicado el antropólogo Jesús Alfonso Flórez, asesor de la comisión interétnica de la verdad de la región Pacífico, “Monsalve se hace eco de la voz angustiante de quienes sufren los rigores de la guerra”. Detener el fuego cruzado es condición de posibilidad para que las organizaciones étnico territoriales puedan avanzar en la realización de su agenda sobre el futuro soñado.

La ausencia de interlocución entre el presidente Iván Duque y el ELN, así como la falta de implementación por parte del Gobierno de los acuerdos de paz a los que llegó Juan Manuel Santos con las FARC, comprometen el porvenir de los pueblos afro y de las comunidades indígenas. Si la nunciatura apostólica considera que es hablar a la ligera sostener que la actitud asumida por el uribismo favorece un genocidio, que precise, entonces, si se puede o no hablar de etnocidio cuando a diario asistimos al asesinato de líderes afro e indígenas. Una cacería que se remonta a la irrupción de la colonización en sus territorios y que el Gobierno no parece muy interesado en detener.

Que una minoría eclesial se solidarice frente a su situación y a cambio reciba por parte de su institución desautorizaciones es un despropósito, por decir lo menos. Mientras la Conferencia Episcopal incluye tímidas menciones a la situación de los defensores de derechos humanos en el país en sus comunicados de prensa, obispos particulares como Monsalve se juegan el pellejo en terreno. ¿Representan con su valentía a la institución? Cree que sí el arzobispo de Cali, al informar que, “como Iglesia, hemos estado tratando de abrir espacios para un diálogo entre el Gobierno y el ELN desde la comunidad internacional, sobre todo desde la Santa Sede”.

Llama la atención que mientras el prelado no pierde la esperanza de que con intervención de esos ámbitos el proceso pueda retomar su hilo conductor, la nunciatura aparente restarle valor a las gestiones de Monsalve, pasando por encima de ellas. Para abrir canales de diálogo con la insurgencia, seguramente la misión diplomática del Vaticano está echando mano de otros actores, como en el pasado recurrió a la Comunidad de San Egidio. Lo lamentable es que un pronunciamiento poco asertivo se constituyó en herramienta instrumentalizable a manos del uribismo para desvirtuar el trabajo por la paz del arzobispo de Cali y dio a entender que Monsalve ha sido marginado de las gestiones de alta diplomacia emprendidas por Montemayor.

@HaciaElUmbral

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