Red Iglesias y Minería manifiesta preocupación por política extractivista de gobierno peruano

PERÚ-

A 20 días del desconfinamiento iniciado en el Perú, luego de 107 días de inmovilización obligatoria, nuestro país ha superado los 350 mil contagiados por COVID 19 y la lamentable cifra de 13 mil peruanas y peruanos fallecidos según cifras oficiales, encontrándonos entre los 5 países en el mundo con mayores impactos por la pandemia, sin considerar la información internacional que multiplica las cifras de mortalidad, dice en un comunicado del Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería.

En esta realidad es que ha asumido la Presidencia del Consejo de Ministros el Señor Pedro Cateriano, recordado por haber ocupado la misma cartera durante el gobierno del presidente Humala además del portafolio de Defensa.

Su elección genera preocupación al interior del Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería en este momento tan difícil para nuestro país. Y es que no podemos olvidar que durante su mandato en la PCM se agudizó el conflicto social por la imposición del proyecto minero Tía María en mayo del año 2015, cuando en Arequipa llamó “delincuentes” a los dirigentes sociales que acompañaban al pueblo del Valle de Tambo en la provincia de Islay en Arequipa, en la defensa de sus tierras dedicadas a la agricultura y agroindustria, en uno de los Valles más importantes del Perú, principal productor de ajos en el país, y con una importante producción de arroz y cebolla para toda la región sur, que brinda además una importante cantidad de puestos de trabajo directo e indirecto en Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna.

Sus primeras declaraciones indicando que “la prioridad es destrabar inversiones”, “si hay un conflicto entre empresa y trabajadores se debe preferir lo que convenga al Estado”, y “éste es un país bendecido en donde la naturaleza nos ha dado una riqueza que la tenemos enterrada”, evidentemente refiriéndose a la actividad minera, adelantan las decisiones del gobierno en ese sentido, y confirman nuestra inquietud, de un Estado que abdica a su rol garante de derechos. Al respecto la Confesión de Accra nos recuerda referente al sistema económico, que “se trata de una ideología que aduce que no hay otra alternativa y exige una cadena interminable de sacrificios a los pobres y a la creación”[2].

Es necesario que nuestro país vaya retomado sus actividades económicas, pero sin descuidar un conjunto de medidas asociadas a la salud, alimentación y servicios básicos de la población; entonces no es adecuado indicar, como lo ha hecho el Premier, que “el Estado solo no puede seguir repartiendo bonos”, puesto que ha sido una obligación del gobierno actual el haber actuado brindando garantías a la población durante su confinamiento, con lo que debió ser un “bono universal” y no sólo dirigido a ciertos sectores de la población, lo que además llegaron tarde o no llegaron, y en gran medida no llegaron a quienes correspondía, lo que agudizó la crisis y la necesidad de la población de salir a las calles para buscar su sustento. Al respecto Papa Francisco ha señalado “tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan”[3], dirigiéndose a los agricultores familiares, vendedores ambulantes, recicladores y otros “excluidos de los beneficios de la globalización”[4]. De esa manera el desconfinamiento podía haberse generado en otras condiciones y momento que eviten un mayor riesgo de contagio y un sacrificio de vidas humanas por el hecho de sobrevivir, ante la desidia del Estado.

Consideramos que el anuncio de la ex ministra de Energía y Minas Susana Vilca antes de su salida de la cartera, de que habían más de 2000 casos de contagios de trabajadores mineros en las operaciones que nunca se paralizaron durante la pandemia, es un grave riesgo en el fomento de nuevos proyectos mineros en éstas condiciones de riesgo tanto para los trabajadores como para las poblaciones y comunidades locales que han sufrido contagios por ésta razón, más aún cuando los protocolos para la actividad minera se han flexibilizado para favorecer su reinicio, con los riesgos adicionales que ello conlleva, sin que haya un fiscalización adecuada y suficiente de las condiciones de trabajo, porque “se debe preferir lo que convenga al Estado”, como ha indicado el Premier Cateriano.

Frente a ello es fundamental, el apoyo inmediato al agro, con fondos necesarios que permitan mantener los niveles óptimos de producción, el adecuado acceso de los productos a los centros de consumo de las ciudades y campo; priorizando la agricultura que brinda el 70% del consumo de las y los peruanos, que no ha recibido el respaldo suficiente para su reactivación, y ahora se corre el riesgo de seguridad alimentaria en el país. Asimismo, garantizar el uso y la propiedad de sus áreas de cultivo, debido a que las tierras de las comunidades campesinas que se dedican a la actividad no cuentan con seguridad jurídica, estando cerca del 40% de ellas otorgadas en concesión para actividad minera, y se suma a ello la anunciada aplicación del derecho a consulta previa de manera virtual a los pueblos indígenas u originarios que sin conectividad (sólo el 30% de población en el Perú lo tienen) aumenta el riesgo de que sus tierras y territorios puedan ser otorgados a otros intereses económicos.

Finalmente abogamos a las autoridades del gobierno, recordar las palabras que Papa Francisco les dirige: “que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir”[5].

Lima, 20 de Julio de 2020.

NODO PERÚ – RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) / RED MUQUI Perú / Red Uniendo Manos Perú / Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (PCUSA) / Instituto Bartolomé de las Casas (IBC) / Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno) / Asociación Marianista de Acción Social (AMAS Otuzco) / Parroquia de San Mateo (Diócesis de Chosica) / Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF Cusco) / Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES Cajamarca) / Proyecto Amigo (Huamachuco) / Pastoral Social – Vicariato Apostólico San Francisco Javier (Jaén) / Campaña Evangélica Renovemos Nuestro Mundo / Comisión DDHH y JPIC – Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú (CONFER) / Comisión de Justicia Social – Diócesis de Chimbote / Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú (AGEUP) / Paz y Esperanza / Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado / Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú / Área de Justicia y Paz – Diócesis de Chulucanas / Pastoral Social de Dignidad Humana – Arzobispado de Huancayo / Federazione Organismi Cristtani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV).

[1] Confesión de Accra. Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). 2004. N° 42.

[2] Confesión de Accra. Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). 2004. N° 10.

[3] Mensaje de Papa Francisco a los Movimientos y organizaciones populares. Roma, Abril 2020.

[4] Mensaje de Papa Francisco a los Movimientos y organizaciones populares. Roma, Abril 2020.

[5] Mensaje de Papa Francisco a los Movimientos y organizaciones populares. Roma, Abril 2020.

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