La detención de Álvaro Uribe puede acelerar el desmoronamiento de su proyecto político y económico

COLOMBIA-

Abilio Peña Buendía

El pasado 4 de agosto la Corte Suprema de Justicia tomó una determinación sin precedentes históricos en Colombia al ordenar medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe, dentro del proceso judicial que se le sigue por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Todo empezó en el 2011 con un testimonio grabado al ex paramilitar preso Juan Guillermo Monsalve, en el que da cuenta de la implicación de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe en la masacre de San Roque, Antioquia; como también, crímenes en la finca Guacharacas de su propiedad, en la creación del bloque paramilitar conocido como “Metro”, en negocios de narcotráfico, y hasta en el apoyo paramilitar a su elección como presidente de la República.

Estas declaraciones de Monsalve fueron conocidas por la Fiscalía General de la Nación, así como por la Corte Suprema de Justicia, y significaron, para el testigo preso, un intento de envenenamiento, un intento de asesinato con arma blanca, y el exilio para parte de su familia, lo que obligó al organismos del Estado a reforzar las medidas de protección, pues ya otros testigos de casos similares contra el expresidente y su familia, habían sido asesinados.

El expresidente y senador, para evadir la fuerza de las declaraciones en su contra, denunció, sin éxito, ante la Corte Suprema de Justicia en el año 2012, al senador Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos en su contra. Pero el tribunal encontró otra realidad: que la manipulación de testigos, entre ellos el de Monsalve, pudo provenir del expresidente para intentar cambiar las versiones y acusar a Cepeda, por lo que el 16 de febrero de 2018 ordenó investigarlo. Luego de esa fecha, Uribe tenía 5 días para apelar la decisión y de manera desesperada emprendió un nuevo intento de retractación del testigo mediante diferentes medios de manipulación, revelados por el periodista Daniel Coronell, lo que obligó a la Corte a ordenar la indagatoria del expresidente y senador Uribe para el 24 de julio, además de la de otro representante a la cámara implicado.

La orden de privación de la libertad contra Uribe emitida el 3 de agosto de 2020, no es por los procesos en los que lo investigan por masacres, asesinatos, tráfico de estupefacientes, interceptaciones ilegales, amenazas, que abundan en la justicia colombiana, sino, como hemos señalado, por intentar cambiar la versión de testigos que lo implicaban en algunos de esos crímenes. Eso puede ser calificado como un delito menor ante la magnitud de las denuncias que desde años atrás vienen haciendo las víctimas y defensores de derechos humanos.

Había escepticismo  en  que la Corte fuera capaz de tomar esta decisión. Pero la sala encargada,  como lo comunicó oficialmente,  debió hacerlo por unanimidad, al  encontrar riesgos de obstrucción  a la investigación si continuaba en libertad el expresidente. Señaló, además que cuenta con un cuantioso material probatorio como testimonios, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas que, a la fecha de la indagatoria de 2018, superaban, según algunos medios, las más de 100 horas de grabaciones.

Ya en 2013, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, había compulsado copias  a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que se investigara al expresidente,  basándose en  más de treinta testimonios de paramilitares que lo vincularon con la  promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares advirtiendo que “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, refiriéndose a las muchas pruebas que implican a Uribe, en casos como los de la “pacificación” de Urabá, la masacre de El Aro (Antioquia), la relación con su jefe de seguridad, implicado con el paramilitarismo, general Mauricio Santoyo. Esta Comisión no ha mostrado avance alguno en la búsqueda de justicia.

El que esté preso Uribe, como lo ha señalado el propio Senador Cepeda, puede contribuir a crear condiciones para el desarrollo de procesos políticos más democráticos en el país y puede resucitar los procesos judiciales que duermen en una justicia colombiana que siempre ha temido al poder de Uribe, donde, efectivamente, agentes judiciales y testigos han sufrido persecución y hasta la muerte cuando se han dispuesto a investigar o a esclarecer.

La medida de aseguramiento ha evidenciado las fracturas al interior del partido Centro Democrático, del que el expresidente Uribe es jefe. Abundan denuncias públicas de la relación del partido con narcotraficantes que apoyaron la campaña electoral del actual presidente Iván Duque para la segunda vuelta. Se trata de la recolección de fondos por parte del narcotraficante “Ñeñe Elías”, quien resultó luego asesinado en Brasil.  Más recientemente se documentó que un piloto  involucrado en su campaña murió en una avioneta cuando transportaba cocaína para el cartel de Sinaloa, en México. La explicación de presidencia no responde satisfactoriamente al por qué de esa relación entre el fallecido y su campaña.  Al revés, abre un nuevo boquete de dudas al decir que el piloto era el hermano de un miembro del Centro Democrático que trabajó en su campaña en el departamento del Meta.

Pocas horas después de conocerse la noticia de la orden de captura domiciliara contra el expresidente, una senadora de su partido, planteó que se debía convocar a una asamblea constituyente para lograr una reforma política que tenga como centro la unificación de todas las cortes, lo que se interpreta como una salida desesperada de retaliación ante la decisión tomada que afecta al jefe del partido. A la mañana siguiente el propio presidente Duque respondió no estar de acuerdo con la constituyente, pero sí con emprender la reforma a la justicia, vía del Congreso, que desde luego apunta a acabar con la Corte Suprema de Justicia.

Ésta decisión contra Uribe, representa un paso más en el desmoronamiento del poder político amasado a fuerza de criminalidad, tal como lo dejan ver las denuncias contra el expresidente. Antes, miembros de su partido terminaron condenados en otro proceso de la corte por parapolítica, entre ellos, su primo Mario Uribe Escobar, junto a cerca de 60 parlamentarios,  al igual que ministros suyos por sobornar a la senadora Yidis Medina para que vendiera su voto y así asegurar su reelección; su ministro de  agricultura, terminó condenado por entregar recursos de los campesinos pobres a amigos del gobierno y los directores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, aún están presos por su responsabilidad en seguimientos, interceptaciones ilegales, asesinatos de opositores al expresidente Uribe.

Preocupa que ese desmoronamiento del poder amasado por años, termine llevándose consigo, como venganza o como rapiña, a más líderes sociales y a los territorios, en los dos años que les queda de gobierno. Ya la sistemática eliminación de líderes sociales completaba a 15 de Julio de este año, 971 personas, 573 de ellas en el gobierno de Iván Duque. Las cuatro últimas víctimas al cierre de este artículo son el joven indígena Awá Marcos Armando Bisbicus de Tumaco Nariño, el líder campesino de Caloto (Cauca) Erminso Trochez, el líder campesino de Pitalito Huila Álvaro Menza Peña junto con su hija Gerardin Peña, asesinados el 4 de agosto. También la “venganza genocida” contra el proceso de paz, de la que ha hablado el arzobispo de Cali Darío Monsalve, ya ha cobrado la vida de 223 personas de las FARC-EP que entregaron las armas.

Como lo ha mostrado el P. Javier Giraldo, hoy el paramilitarismo está actuando sin nombre, con capucha, sin reivindicarse los crímenes, como si lo hizo en otro tiempo, para mostrar que no existe, más actúa en estos asesinatos a la vista de  los  militares y  al amparo de la impunidad que está cerca del 100% en el país. Sin embargo, recientemente, antes de la decisión de la Corte sobre el senador Uribe, apareció un panfleto amenazante en el Magdalena Medio en el que con nombre propio se declara la muerte a líderes reclamantes de tierra; al final advierte que “nuestro gobierno de Iván Duque nos apoya por eso limpiaremos el país de guerrilleros y ladrones de tierra”. Tememos que esa criminalidad paramilitar se exacerbe contra quienes de mejor manera representan la construcción de un país que preserve la vida humana y la de la naturaleza.

Lo que puede venir en la rapiña de los bienes comunes ya se ha dejado ver en medio de las decisiones de la pandemia: una “consulta” virtual a pueblos indígenas que no tienen internet, para agilizar permisos de exploración a empresas mineras, petroleras en sus territorios. O una consulta virtual liderada por la policía para adelantar fumigación con glifosato en áreas en las que campesinos, para sobrevivir, han sembrado cultivos de hoja de coca y que habían acordado, antes de que el gobierno decidiera “hacer trizas” el proceso de paz, la erradicación voluntaria. Las dos pretensiones se cayeron por fuerza de la presión social y de la acción jurídica.  Así mismo la implementación de los “planes pilotos” de fracturación hidráulica, que ya cuenta con decreto ministerial para su implementación, con el eufemismo de ser proyectos de investigación, tal como lo ha denunciado la Alianza Colombia Libre de Francking, se están convirtiendo la salida privilegiada para resolver las pocas reservas de gas con las que cuenta el establecimiento.  

Con todo, esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, es como un rayo de luz en medio de oscuridad en la que Colombia ha estado inmersa por décadas, y puede despejar el camino  a andar en función de condiciones favorables a la defensa y reproducción de la vida humana, como también de la naturaleza afectada por el despojo, a pesar de los sabidos  riesgos que  puede traer.

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