Cerca de 256 organizaciones pedimos renovación de Misión de verificación de la ONU y ampliación de sus labores

COLOMBIA-

A fines de la semana pasada fue enviada una carta a los representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad y  su misión de verificación para Colombia para agradecer el trabajo que se ha hecho desde noviembre del 2016, como respaldo para la dejación de armas por parte de las FARC y el proceso de reincorporación que continua para más de trece mil personas. La misiva cuenta con centenares de firma de organizaciones colombianas e internacionales, entre ellas ALC Noticias.

Sin embargo, vemos con preocupación la falta de voluntad del gobierno nacional para implementar los acuerdos, afirmación que constatamos con testimonios e informes nacionales e internacionales, concretamente  en algunos puntos importantes como la reforma rural integral, la participación política, el desmantelamiento de las estructuras criminales, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la institucionalidad que garantiza el acuerdo; sin dejar de lado el asesinato de 961 líderes sociales y por lo menos 215 personas en proceso de reincorporación, esto a pesar de la fuerte presencia militar en los territorios.

Reproducimos la carta completa, que puede bajarse aquí en PDF:

Las organizaciones y plataformas abajo firmantes expresamos nuestra gratitud a la ONU, a su Secretario General António Guterres, a los países miembros del Consejo de Seguridad y a su Misión de Verificación para Colombia por impulsar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en noviembre de 2016, y verificar su implementación, especialmente los puntos 3.2 y 3.4.,
relativos al Fin del Conflicto Armado.


Reconocemos como avance importante la dejación de armas de la antigua guerrilla de las FARC y que más de 13 mil personas aún se encuentren en su proceso de reincorporación.
Sin embargo, tres años y medio después de iniciada la implementación del Acuerdo Final, y de cuatro meses de la declaración oficial de emergencia social por pandemia, vemos con profunda preocupación la falta de voluntad del gobierno nacional en relación con la implementación del Acuerdos de Paz, como lo podemos constatar a partir de los testimonios de las comunidades y de los informes nacionales e internacionales de verificación. Evidenciamos que la mayoría de excombatientes no cuentan con tierras para trabajar y retrasos importantes en los puntos relativos a la Reforma Rural Integral (punto 1), la participación política (punto 2), el desmantelamiento de las estructuras criminales (punto 3), la sustitución de cultivos de uso ilícito (punto 4) y las condiciones institucionales que
garanticen la implementación y el seguimiento a los acuerdos (punto 6).

En los territorios la presencia militar está lejos de asegurar la vida y libertades de los ciudadanos y la paz. En Colombia, desde la firma del Acuerdo Final hasta julio 15 de 2020, han sido asesinados en zonas militarizadas 971 líderes sociales y 215 personas en proceso de reincorporación. En otras zonas con controles perimetrales territoriales se ha incrementado la criminalidad y el poder armado por parte de diversas estructuras armadas.

Abogamos por el respeto e implementación plena del Acuerdo Final firmado por el Estado Colombiano y las FARC, la adopción de medidas eficaces para garantizar la reincorporación, el debido funcionamiento de las instancias pactadas en el acuerdo como son la CSIVI, para el seguimiento a la implementación del Acuerdo y las garantías de seguridad suficientes para las personas reincorporadas, y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para el cumplimiento pleno de su mandato en materia de desmonte de grupos y conductas que atentan contra los líderes y lideresas sociales en el país.


En aras del cumplimiento pleno del Acuerdo Final, y reconociendo la importante tarea de monitoreo que ha realizado la Misión de Verificación para Colombia, creada por el Consejo de Seguridad de la ONU, solicitamos la renovación de su mandato e incluir de manera explícita:

  1. La labor de verificación del cumplimiento de las sanciones del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial de Paz -JEP- para todos los comparecientes, previstas en el punto 5.1.2. del Acuerdo Final, numeral 53 d), así como los lugares donde serán ejecutadas las sanciones y el plan de seguridad y vigilancia que garantice la vida e integridad física de los
    sancionados y de las víctimas de estos territorios.
  2. El seguimiento de la aplicación del enfoque de género y diferencial del Acuerdo Final de Paz, que es un logro que la humanidad reconoce, pero que requiere mayores recursos humanos y financieros. Necesita concreción y procesos de verificación continuos en su aplicación en lo relativo a los compromisos con las mujeres y los pueblos étnicos.
  3. El impulso y posible verificación a la Resolución 2532 del 1 de julio de 2020 del Consejo de Seguridad de la ONU, e invitar al gobierno colombiano y a todos quienes se encuentran aún en armas a acoger el cese al fuego como una imperiosa necesidad ética que asegure el proceso de paz suscrito y brinde alivios humanitarios a comunidades rurales
    azotadas por la violencia de diversos grupos. El Acuerdo Final estableció su centralidad en las víctimas, por ello crear un ambiente habilitante es fundamental para brindar respuestas a los efectos de la pandemia del Covid-19 y avanzar en la consecusión de una paz completa.

Colombia cuenta con un movimiento social conformado por hombres y mujeres que han aportado en la construcción de paz. Tenemos mucha gratitud con la comunidad internacional, porque de manera conjunta hemos abogado por salidas dialogadas al conflicto armado, adopción de mecanismos de acogimiento judicial a grupos armados diversos, el impulso a iniciativas humanitarias como formas de resolver nuestros conflictos
y reconstruir una sociedad democrática en un estado social y ambiental de derecho.

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