El excoronel salvadoreño Montano, condenado a más de 133 años por la matanza de los jesuitas españoles

Mural con los jesuitas asesinados en El Salvador. Foto: WIkipedia

EL SALVADOR-

La Audiencia Nacional ha condenado a más de 133 años de prisión por “cinco asesinatos terroristas” a Inocente Orlando Montano por la matanza del teólogo de la liberación Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles en 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA). El excoronel y exviceministro de Seguridad Pública salvadoreño es el único condenado en España por la matanza en la que murieron ocho personas.

La sentencia le condena a 26 años 8 meses y un día por cada uno de los cinco asesinatos, un total de 133 años, 4 meses y cinco días, pero el reo solo cumplirá un máximo de 30 años, de los que se le descontarán los pasados en prisión preventiva desde su entrega por un tribunal estadounidense en 2017.

El fallo considera que los crímenes se cometieron con alevosía, por un grupo organizado y que pueden ser definidos como “terrorismo de Estado“.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares ejecutaron a seis jesuitas (cinco españoles y un salvadoreño) así como a la mujer y la hija de 15 años del guardia de la universidad. Se trataba de Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo. También asesinaron al sacerdote salvadoreño Joaquín López, la empleada de la Universidad Julia Elba y su hija adolescente Celina Mariceth Ramos.

El caso Ellacuría ha llegado a juicio porque la Audiencia Nacional es competente para investigar crímenes terroristas contra españoles en el extranjero y es uno de los primeros que se retomó, tras el parón procesal por la pandemia de coronavirus.

Montano como viceministro de Seguridad Pública de El Salvador hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva, aunque ha negado, ante el juez, su vinculación con los asesinatos.

Al inicio del juicio, la Fiscalía eximió a un segundo procesado, el exteniente René Yusshy Mendoza, que era uno de los líderes del grupo de oficiales de élite La tandona por considerar prescritos los delitos. Yusshy confesó los hechos, ya cumplió condena en su país y ha colaborado con la justicia.

Conflicto entre la dictadura militar y el FMLN

Según el auto, la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de “intensa polarización” entre el Gobierno militar de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores para un “proceso de diálogo” y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a “una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin”.

La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por el grupo militar La Tandona. Dado su gran tamaño, los oficiales de esta promoción de la Academia Militar esperaban gobernar, una opción que habían anticipado desde 1980. Inocente Montano era miembro de su “círculo íntimo” de poder, denominado “los compadres”, y participaba en sus decisiones.

¿Quién era Ellacuría?

El padre Ellacuría como rector de la Universidad Centroamericana era considerado uno de los analistas políticos más importantes del país y no creía que fuese posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN. Además, influía en la sociedad salvadoreña a través de sus artículos, charla, análisis y propuestas.

Esa participación en la vida pública le había creado poderosos enemigos y, de hecho, explica la sentencia, los jesuitas habían sido blanco durante toda la década de amenazas de muerte, registros y atentados en la UCA que fueron creciendo e intensidad y en número, hasta 49 en el año 1989.

Así, el intento de mediación de la Iglesia le granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios. Ellacuría elevó la presión para alcanzar una solución negociada al conflicto en los meses inmediatamente anteriores a su asesinato. La línea dura puso todas las trabas porque uno de los elementos centrales era la depuración de las Fuerzas Armadas, rechazada por los militares.

Sin testigos

Muchos miembros del alto mando consideraban a Ellacuría como un “enemigo”, cuya labor de intermediación suponía una amenaza para su privilegiada posición, “por lo que comenzaron a plantearse la conveniencia de acabar” con su vida, según los magistrados. La sentencia relata la reunión de oficiales, entre los que se encontraba Montano en la que se ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos, utilizando la unidad del batallón Alacatl.

El fallo detalla que los soldados se reunieron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel Rene Yusshy, testigo en la causa, les facilitó un fusil ruso AK 47, arma habitual del FMLN, para simular que habían sido los guerrilleros los autores de los asesinatos y que luego se había producido una confrontación militar. “El FLMN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte, FMLN” fue lo que escribieron en un muro para intentar implicar al Frente.

Terrorismo de Estado

El juez Andreu indica que legalmente son 8 delitos de asesinato de carácter terrorista y así lo hace constar a lo largo de los 128 folios, pero la Sala sólo puede condenar por la muerte de los 5 ciudadanos españoles asesinados porque el Tribunal de Carolina del Sur que concedió la extradición de Montano en 2017 redujo su entrega a las víctimas de nacionalidad española.

Los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, lo que encaja en la definición de “terrorismo de Estado”. La cúpula militar, con el único fin, de “crear terror en la población, y alterar gravemente la paz pública y a perpetuarse en sus posiciones de privilegio” perpetró la matanza desde el poder y con los medios suministrados por el Estado, según la sentencia.

Con alevosía

Según el tribunal, los hechos “son notoriamente alevosos”, desde el momento en que el acusado participó en la decisión de ordenar la ejecución “tanto de Ignacio Ellacuría como de quienes se encontrasen en el lugar, sin importar de quiénes se tratase, a fin de que no hubiera testigos de los hechos”.

Añade que, ante el comando de élite de 40 soldados entrenados por el ejército de Estados Unidos, las víctimas no tuvieron ninguna capacidad de defensa, pues “se encontraban durmiendo, fueron llevados a un patio y allí, tras ordenarlas ponerse tumbados boca abajo, se les descerrajaron disparos de fusiles de asalto AK 47 y M -16”.

La Sala considera acreditado que en los hechos ha participado un grupo estable y permanente, que desde las más altas estructuras del poder en el Salvador y compuesto por el propio presidente de la República utilizó la violencia y cometió graves delitos.

Pago de costas

La Sala también condena al acusado a pagar las costas causadas por la acusación popular ejercida por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia. Algo excepcional pero que justifica por el papel “determinante” de la acusación popular para concluir el proceso y terminar con “la impunidad en que se encontraban los crímenes enjuiciados”.

Por esta matanza, está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas al grupo que irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana y a quien el Tribunal Supremo salvadoreño le ha negado el indulto y conmutación de la pena por considerar el crimen de “lesa humanidad”.

Fuente: La Vanguardia

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