COLOMBIA-
Por Miguel Estupiñán–
Ramón Montejo y Simón Ochoa, dos líderes sociales del municipio colombiano de El Castillo (Meta), fueron asesinados el 12 de septiembre. Según denunció la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB), dos sicarios habrían perpetrado la matanza a plena luz del día, yendo hasta sus casas.
Montejo y Ochoa pertenecían a la junta de acción comunal de la vereda Caño Claro, jurisdicción del corregimiento de Medellín del Ariari, en el Piedemonte llanero, una región que ha conocido en los últimos dos años un recrudecimiento de la violencia asociada a la falta de implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC.
Según Jaime León, director de la CCNPB, el asesinato de los dos líderes ocurrió en el contexto de las amenazas que se ciernen contra los defensores de derechos humanos en todo el departamento del Meta por cuenta de la militarización de varios municipios y de la estigmatización de las autoridades contra su labor. En julio la corporación y otras organizaciones de derechos humanos fueron objeto de una acción de tutela por parte del general Raúl Flórez, comandante de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército colombiano, en rechazo a sus acciones de solidaridad hacia los campesinos de la región del Guayabero, víctimas de hostigamientos por parte de la fuerza pública.
A una histórica vocación agraria y ganadera en diversos lugares de la Orinoquía se imponen hoy intereses extractivistas, que han ido de la mano con procesos de despojo que involucran violencia contra el medio ambiente. Según Jaime León, Ramón Montejo y Simón Ochoa participaban en movimientos en defensa del agua, para contrarrestar la irrupción de proyectos petroleros y de extracción a cielo abierto de cal en el Piedemonte. También habían tomado parte en procesos de memoria histórica.
En febrero de 2018, durante una peregrinación para rendir homenaje a las víctimas de la violencia en el Alto Ariari, Ochoa les regaló estas palabras a los asistentes, bajo el golpe del sol: “Yo llegué para acá hace como 39 años y volví hace 16, cuando la guerra. Ya estaba empezando a abandonarse esto. Yo estaba recién llegado acá y la gente antigua, Lucero Henao, ya no existía. Los habían corrido y habían matado a algunos”.
Desconocía el líder que su historia se sumaría a la de otros líderes sociales de la región. Ochoa hacía referencia en su intervención al momento más álgido del conflicto armado en el territorio, cuando la presencia de las FARC fue contrarrestada por una acción paramilitar liderada por la VII Brigada, al servicio de mafiosos y terratenientes como el esmeraldero Víctor Carranza.
A finales de siglo habían sido ejecutadas en el Llano operaciones de exterminio contra los integrantes de la Unión Patriótica, un partido político nacido en la década de 1980 durante las negociaciones de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC. En 1992 tuvo lugar la masacre de Caño Sibao, que, entre otras personas, cobró la vida de María Mercedes Méndez, la alcaldesa del El Castillo. Doce años después fue ejecutado, también por paramilitares, el asesinato de otra lideresa histórica del municipio, María Lucero Henao, fundadora de la escuela de Puerto Esperanza, a quien mataron junto a su hijo Yamid Daniel, de 16 años, en 2004.
Esos años de sangre coincidieron con el acompañamiento de la misión claretiana al servicio de las víctimas de la violencia. Los sacerdotes Henry Ramírez y Héctor Guzmán se jugaron la piel entre el fuego cruzado y denunciaron toda clase de crímenes; tomaron nota de los lugares donde quedaron enterrados los muertos, en espera de que un escenario distinto permitiera a los familiares de esos “nombres clandestinos” dar con los restos de sus seres queridos; y emprendieron estrategias de resistencia comunitaria en el marco de las cuales nació el Santuario de la memoria, un lugar para la resiliencia, en Medellín del Ariari, henchido de color y de belleza.
Lamentablemente la reconstrucción de lo ocurrido durante décadas en El Castillo se choca con el retorno de dinámicas del conflicto armado que en algún momento se creyeron superadas. El vicepresidente de la junta de acción comunal de Caño Claro teme por su vida, después del asesinato del presidente de la organización, Ramón Montejo. Las marchas en contra de la violencia y los comunicados en rechazo al exterminio de líderes sociales se hacen en medio del temor. Lo ocurrido el 12 de septiembre fue, en palabras del director de la CCNPB, “un atentado contra la democracia”.
En medio de la guerra y de la aparición de nuevos grupos armados que se disputan el territorio llanero, no hay otra opción para los defensores de derechos humanos como Jaime León que persistir en la promoción de acciones de formación y de acompañamiento de los familiares de los desaparecidos. La suya es una perseverancia que no da tregua.
@HaciaElUmbral