Obispos del Brasil cuestionan acuerdo entre la empresa Vale y el Gobierno de Minas Gerais

Efectos de Brumadinho (Ibama)

BRASIL-

En una nota pública, los obispos y otras entidades católicas del Brasil indican que el proceso de reparación, en el caso del crimen en Brumadinho (MG), “no debe ser controlado por quienes causaron el daño”. Las organizaciones exigen transparencia y la participación de la sociedad civil en el proceso de reparación, a fin de garantizar una verdadera justicia para las comunidades afectadas y el medio ambiente.

La Comisión Especial de Ecología Integral y Minería de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), el Grupo de Trabajo de Ecología Integral y Minería de la Región Este II de la CNBB y la Red de Iglesias y Minería (IyM), presentaron un documento el viernes (13), en la 2ª Instancia del Tesoro Público del Estado del distrito de Belo Horizonte (MG), cuestionando el acuerdo entre Vale y el Gobierno de Minas Gerais, en el caso del crimen de la empresa Vale en Brumadinho.  En la declaración se cuestiona la forma en que se está llevando a cabo el proceso y se exige que los acuerdos traten de “garantizar la justicia para las comunidades afectadas y el medio ambiente”.

Para las entidades, “el proceso de reparación no debe ser controlado por la parte causante del daño en sí”. En la declaración, piden que se cumpla el requisito de participación social “en la contratación de organizaciones de la sociedad civil como Asesores Técnicos Independientes (ATI) y en las reuniones del comité directivo”.

“No hay razón para justificar la confidencialidad de la contrapropuesta presentada por Vale, y se requiere una discusión abierta y transparente sobre los términos de la negociación”.

“Los firmantes, así como las comunidades afectadas y la sociedad en general, quedaron sorprendidos por esta iniciativa, que hasta entonces se llevó a cabo sin ningún procedimiento de publicación, transparencia o consulta pública”, señala el documento al denunciar la falta de razones “para la no transparencia en las negociaciones de la propuesta” que tiene por objeto reparar los impactos de la ruptura de los contenedores de residuos tóxicos en la mina Córrego do Feijão.

La manifestación de la CNBB puede entenderse como un llamado a los organismos estatales para que haya transparencia en cualquier tipo de negociación y para que se haga justicia con las personas afectadas y el medio ambiente.

Transparencia y Propaganda

Al mismo tiempo que el texto enviado a la 2ª Instancia del Tesoro del Estado de Belo Horizonte (MG) pide transparencia en las negociaciones, también critica las estrategias utilizadas por Vale para enmascarar las violaciones de derechos cometidas por la empresa.  “Aunque es esencial garantizar la publicación de las acciones y el uso de los recursos, no hay que confundir la gestión transparente con la propaganda”, afirma el texto, señalando las enormes cantidades invertidas por las empresas, incluida la Fundación Renova da Vale, para publicar hechos “muchas veces incompatibles con la realidad de los hechos de reparación en los territorios afectados” […] “construyendo una narrativa de benevolencia de los que causaron el daño”.

“Es necesario evitar la propaganda institucional y la impronta política en el contenido transmitido como una acción de transparencia y de manera informativa”. La CNBB también solicita la suspensión y cancelación de la audiencia prevista para el 17 de noviembre de 2020 y afirma la necesidad de negociaciones transparentes con un amplio debate de los afectados y la sociedad civil. El documento hace la referencia a la necesidad de que la CNBB se encargue de la transparencia y la justicia con las personas afectadas y el medio ambiente.

La CNBB también solicita la suspensión y cancelación de la audiencia prevista para el 17 de noviembre de 2020 y afirma la necesidad de negociaciones transparentes con un amplio debate de los afectados y la sociedad civil. El documento hace referencia a una serie de conductas, como la no participación de la población afectada, la “gestión paralela” del Estado en la administración de los recursos, la exclusividad del Ministerio Público del Estado en las indicaciones de las auditorías y otras cuestiones que, como señala el documento, no respetan la legislación brasileña y violan los derechos de las poblaciones afectadas.

El acuerdo entre Vale y el Gobierno de Minas Gerais, en el que también participan el Ministerio Público (MG), la Defensoría Pública del Estado y la Defensoría Pública (DPE/DPU), ocurre en secreto y en reuniones sin la participación de la población afectada. Se anunció un nuevo encuentro entre Vale y el Gobierno de Minas Gerais, prevista para el 17 de noviembre, para acordar los términos del acuerdo.

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