Situación de Derechos Humanos en Amazonía venezolana demanda nuevas exigencias

VENEZUELA-

Por Rosiris Urbaneja – UCAB

Visibilizar la realidad de los y las habitantes de la Amazonía venezolana, promover el fortalecimiento de los pueblos originarios respetando su cultura, religión, creencias y estructura, darles voz propia para que puedan defender los derechos que les están siendo negados, fueron algunos de los temas tratados en el foro “Derechos Humanos en la Amazonía venezolana”.

El evento realizado en una sala de videoconferencias proporcionada por la plataforma Zoom, fue organizado por la profesora María Teresa Sánchez, directora de Extensión Social Universitaria (DESU) y la Oficina del Centro de Derechos Humanos, liderada por profesora Eumelis Moya, ambas en representación de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana (UCAB Guayana).

El foro contó con la participación de tres ponentes, el primero de ellos fue Olnar Ortiz, indígena miembro de la comunidad Baré, abogado, especialista en Derecho Procesal Civil, presidente del Colegio de Abogados Indígena del estado Amazonas, coordinador de Pueblos Indígenas y del Capítulo Amazonas del Foro Penal.

Ortiz hizo un recorrido por la historia de los derechos indígenas consagrados en la Constitución de 1961, en la que un solo artículo (77) estaba referido al tema. Destacó que a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) sancionada y promulgada en el año 1999, hubo un mayor reconocimiento de tales derechos, plasmados en el capítulo VIII, desde al artículo 119 al 126.

“Allí se reconoce el derecho a la tierra, la participación política, económica; también la titulación de la tierra. Han pasado 20 años y no tenemos títulos (…) En otros países que comparten la Amazonía -como Colombia, Perú y Ecuador- se ha avanzado en la cosmovisión del indígena. En Venezuela se ha frenado. Los derechos constitucionales están siendo vulnerados”, aseveró Ortiz.

 Los movimientos indígenas deben volver a articularse

Tal como lo relató el especialista en Derecho Procesal Civil, la situación del indígena es compleja; la nueva Asamblea Nacional se eligió sin su participación. Existen tres nuevas leyes que son: la Ley sobre la Madre Tierra, Ley para la Participación Política de los Pueblos Indígenas y Ley del Desarrollo Económico de las Comunidades Indígenas, que los pueblos originarios no conocen.

Adicionalmente, el 3 de enero de 2021, falleció sin atención médica, en la cárcel El Rodeo II, Salvador Franco, un líder pemón acusado injustamente de asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar, terrorismo y sustraccion de armas de fuego. “Son muchos los abusos por parte de la Guardia Nacional (…) y “el movimiento indígena no hizo nada, antes eran coherentes y hoy no lo son”. Es por ello que Ortiz considera que el reto es poder tener el libre ejercicio de los derechos que ya están en la ley y para ello es fundamental volver a articular los movimientos indígenas.

“El objetivo más importante es la libre autodeterminación de los pueblos; su economía, gobierno, en lo social, la titulación de las tierras y jurisdicción especial indígena. Debemos empezar a ejercer nuestros derechos, no basta la denuncia”, finalizó.

Realidad del warao en la Amazonía

Por su parte, Mariela Molero, también abogada, magister en Ciencias Jurídicas Militares y asesor legal de la Asociación Civil Kapé Kapé de Venezuela, explicó que el pueblo warao de la Amazonía inició un proceso de migración debido a las deprimentes condiciones de vida, una situación que afecta la cosmovisión del indígena y que tiene que ver con su manera de ver el mundo y el medio ambiente en su totalidad.

Molero detalló que desde ACNUR Brasil, como agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados, han reportado la complejidad de la migración indigena, una vez que llegan indocumentados a la frontera. Vale mencionar que el registro civil, tanto de indígenas como de criollos, es otro derecho violado por el Estado venezolano. Asimismo, desde el 2002 los caciques perdieron control de actas de nacimiento y defunción, los pobladores indígenas no tienen identidad y por lo tanto no son incluidos en políticas gubernamentales.

“El indígena es una unidad colectiva, migra el conjunto de la familia, aunque se está registrando que la edad promedio de este tipo de migrantes oscilan entre 18 y 59 años de edad; la tercera edad y los niños se están quedando. Brasil reporta que en febrero de 2021, hubo 5.512 indígenas venezolanos registrados y se clasifican de la siguiente forma: eñepa 1%, kariña 1%, wayúu 1%, pemón 27% y warao 67%. De 24 estados que tiene Brasil, en 20 hay waraos; 661 de ellos ya son refugiados, 1.929 residentes temporales y 2.921 solicitantes de refugio”, detalló la abogada.

Otro aspecto sensible para estas comunidades es que ante la pandemia están desasistidos, son víctimas de esclavitud laboral y, en virtud de que sus hogares están muy cerca de centros mineros, muchos se subordinan o les cuesta la vida. La minería a gran escala representa para ellos hambre, destrucción y violencia.

Molero coincide con que “no necesitamos más leyes, necesitamos cumplirlas” y Kapé Kapé -como organización que aborda las necesidades más urgentes de los pueblos indígenas- está poniendo la mirada en la mujer indígena, como víctima aún más sensible de violación de derechos humanos.

Esclavitud moderna en pueblos y comunidades indígenas en la Amazonía

La tercera ponente en el foro fue la profesora Eumelis Moya, abogado, especialista en Educacion Superior, coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la UCAB Guayana, coordinadora de Educación y Proyecto en la Comisión de DDHH y la Ciudadanía e Investigadora del Observatorio de Violencia de Venezuela, capítulo Bolívar. Moya inició su ponencia explicando que la línea de investigación de las Formas de Esclavitud Moderna -un informe de reciente publicación- no es específica para indígenas; sin embargo, han conseguido que estas comunidades no son ajenas a las afecciones.

Entre los crímenes más frecuentes se pudo constatar la existencia de esclavitud por deudas, explotacion sexual, trata y tráfico de personas, matrimonio temprano o forzado, reclutamiento y servidumbre doméstica; formas de esclavitud que tendrán especial dimensión en los pueblos indígenas.

“La esclavitud moderna no tiene ley expresa, sino que las formas están diseminadas en un compendio normativo amplio”, agregó Moya.

La situación de derechos humanos en Venezuela pasa por una trasgresión sistemática y el quiebre de las estructuras que sustentan el Estado. “Es una emergencia humanitaria compleja negada. Cuando se niega el problema no se buscan soluciones. El Estado está signado por desconocimiento del hambre, desescolarización, explotación laboral, ausencia de oportunidades de trabajo y en Bolívar es más complejo por falta de combustible”, detalló la ponente.

De este abanico de crímenes contra la población indígena no hay denuncias oficiales y el Estado venezolano se convierte en victimario por acción y por omisión al no generar políticas de control, regulación y seguimiento para garantizar los derechos de los venezolanos y también por las transgresiones directas, comentó la profesora Eumelis Moya.

Explicó además que existen casos de indígenas que viven en Ciudad Guayana, explotados por personas que los obligan a pedir dinero y vivir como mendigos. En la zona de Cambalache, los indígenas que vivían de los desechos del vertedero ya clausurado, se dedican al tráfico de combustible y material estratégico, con el consentimiento de funcionarios de la Guardia Nacional y sucede lo mismo en Palital. En estas circunstancias incluso los “niños trabajan como caleteros, les pagan 2 millones de bolívares por llevar el combustible desde el río hasta la carretera principal”.

“En el sur hay explotación sexual. Las mujeres tienen precio; hemos documentado el caso de una adolescente que fue sacada de su casa con la excusa de hacer trabajo doméstico y seis meses más tarde supieron que la joven -que era virgen- fue vendida por 12 gramos de oro (…) En El Callao hay un centro de prostitucion llamado popularmente “currutelas”, donde las mujeres son indígenas”, comentó la investigadora.

Todos los detalles expuestos anteriormente, fueron dados por Eumelis Moya con autorización expresa del cacique de la comunidad, quien manifestó “yo me sé la Constitución, pero no sé lo que significa”. Por ello es fundamental y urgente socializar el conocimiento, enseñarles el marco jurídico que los protege y la manera de hacerlo valer para recuperar el tejido comunitario indígena desde sus necesidades reales; en definitiva rescatar y dignificar su esencia, finalizó Moya.

Trabajo impostergable

Por su parte, el reverendo padre Arturo Peraza,vicerrector de la UCAB Guayana, expresó su agradecimiento a las organizaciones participantes y destacó la obligación de la Universidad de abordar estos temas por estar ubicada geográficamente en la Amazonía.

“Tenemos que levantar la fortaleza de esos pueblos respetando su cultura y su religión, sus creencias y su estructura, fortalecerlos desde adentro; es un trabajo impostergable, necesitamos formarlos, tenemos que darles voz propia y que puedan defender los derechos que les están siendo negados”, manifestó el sacerdote jesuita, quedando de manifiesto el gran trabajo que queda por desarrollar en torno a los Derechos Humanos de los habitantes de la Amazonía venezolana.

Si te perdiste este foro o quieres volver a verlo, visita el canal de YouTube de la Dirección de Extensión Social Universitaria de la UCAB Guayana:

Texto e imágenes: Rosiris Urbaneja (UCAB – Universidad Católica Andrés Bello – Extensión Guayana)

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