Claretianos denuncian uso militar de sus instalaciones

Represiones en Colombia

COLOMBIA-

Miguel Estupiñán-

Varios helicópteros de las fuerzas armadas habrían aterrizado en un colegio de los misioneros, sin autorización de las directivas.

En el marco de la respuesta represiva del gobierno colombiano frente a la ola de protestas de estos días, también un grupo de policías habría ocupado el lugar a la fuerza

“(Rechazamos) cualquier acto de agresión hacia los ciudadanos que se manifiestan dentro del marco constitucional”, declaró la congregación mediante un comunicado, en respuesta a lo ocurrido en Bosa.

Los misioneros claretianos han denunciado el uso militar de una de sus instalaciones. Se trata del Colegio Claretiano de Bosa, situado al sur de Bogotá. El hecho ocurrió en la noche del 4 de mayo, cuando varios helicópteros de las fuerzas armadas de Colombia aterrizaron en la institución educativa, durante operativos en respuesta a las protestas de estos días en dicha localidad. Sin mediar autorización alguna, también un grupo de policías ocupó el lugar, tal y como quedó documentado a través de un video grabado por un habitante del sector.

“Hacemos responsables a la Policía y las Fuerzas Militares de lo que le pueda pasar a la infraestructura del colegio”, declaró el padre Josué Giraldo a El Espectador, temeroso de retaliaciones contra los misioneros debido a la acción de las autoridades. Además de rechazar lo ocurrido, por considerarlo contrario al Derecho Internacional Humanitario, la congregación ha manifestado su repudio a “cualquier acto de agresión hacia los ciudadanos que se manifiestan dentro del marco constitucional y las declaraciones universales de los derechos humanos”.

Mientras un informe de la Defensoría del Pueblo, institución estatal, informó el 5 de mayo que serían al menos 24 las personas que han muerto en la última semana, en medio de movilizaciones en contra del gobierno de Iván Duque, INDEPAZ, una organización de la sociedad civil, advierte que la cifra podría ascender a 31. Amnistía Internacional se sumó a otras entidades internacionales, como la ONU y la Unión Europea, que han manifestado en los últimos días su preocupación por la represión policial y por la respuesta militarizada a dichas movilizaciones.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió un nuevo comunicado para condenar toda forma de violencia. “Insistimos en la imperante necesidad de avanzar hacia la reconciliación nacional y hacia la paz, con la participación y los esfuerzos de todos los ciudadanos, sin perder de vista que es un camino arduo que requiere valentía y perseverancia”, añadió el episcopado, en respuesta a la situación de inestabilidad interna en la que se encuentra el país, con cierres de carreteras y una agudización de los conflictos sociales.

El avance del autoritarismo

El asesinato de Javier Ordóñez a manos de un grupo de policías, hecho ocurrido en la capital del país en septiembre de 2020, desató una ola de protestas que no tardaron en ser sofocadas por la institución a sangre y fuego. Un antecedente para pensar lo que viene ocurriendo durante estos días en Colombia. Al menos nueve personas murieron alcanzadas por las balas de la policía entre el 9 y el 11 de septiembre del año pasado, pero pasado más de medio año los hechos de sangre siguen sin esclarecerse.

En aquel entonces, una de las tesis que las autoridades usaron para justificar el nivel de represión contra las movilizaciones fue que las protestas habían sido infiltradas por grupos armados ilegales. Así lo hizo el entonces ministro de Gobierno, Carlos Holmes Trujillo, reduciendo la agitación social a “una manifestación de violencia y de vandalismo, articulada, sistemática y organizada”.

Hoy el Gobierno de Iván Duque echa mano de la misma tesis contra las marchas que se multiplican en todo el país para manifestar el rechazo de amplios sectores de la sociedad, entre otras cosas, contra su proyecto de reforma tributaria, su gestión frente a la pandemia y la falta de garantías en Colombia para el ejercicio de la protesta. En una reciente alocución el mandatario señaló que “la amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad”.

Henry Ramírez Soler, miembro del equipo claretiano ante la ONU, quien participó el 5 de mayo en protestas llevadas a cabo en Nueva york contra el Gobierno de Iván Duque, sostiene que con planteamientos como el anterior el mandatario no solamente estigmatiza la movilización social, sino también repite el discurso de guerra de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según el misionero, con dicho discurso se ha querido legitimar el control de la población mediante el uso de la fuerza. “Negar el descontento de la población civil en estos momentos; negar el hambre y la injusticia es querer evadir una responsabilidad”, agrega el sacerdote. “Esta tesis [de la amenaza vandálica detrás de las movilizaciones] pretende legitimar el uso del Ejército colombiano contra la población civil. Y, efectivamente, lo que ocurrió el 4 de mayo en Bogotá, el despliegue de helicópteros del Ejército y especialmente utilizando instituciones privadas y civiles de carácter educativo como el Colegio Claretiano de Bosa, manifiesta que ellos están bajo la tesis de una amenaza terrorista. Es decir, que van a tratar a la población civil con la lógica del enemigo interno”.

Desde su misión en Estados Unidos, Ramírez considera que la deriva autoritaria de Iván Duque, representada en masacres contra quienes exigen sus derechos, contradice, además, las políticas de seguridad de Naciones Unidas, entidad atenta a la implementación de los acuerdos de paz suscritos en 2016.

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