PERÚ-
A días del derrame (el 15 de enero) de más de 6 mil barriles de petróleo en la playa Bahía Blanca, en Ventanilla como consecuencia de las operaciones de la subsidiaria Repsol, en la refinería La Pampilla S.A.A., la contaminación ambiental se sigue expandiendo en el litoral peruano afectando especies marino-costeras de 20 playas de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay. La empresa niega su responsabilidad ante las acusaciones del Gobierno de Castillo. Frente a esta situación instituciones, plataformas y organizaciones de sociedad civil dieron a conocer un Pronunciamiento al que se sumaron organizaciones vinculadas a las comunidades de fe: Red Iglesias y Minería, Red Uniendo Manos contra la Pobreza, Asociación Paz y Esperanza, Colectivo Evangélico Defensores de la Creación y Renovemos Nuestro Mundo.
El Pronunciamiento completo aquí:
A días del derrame de más de 6 mil barriles de petróleo en la playa Bahía Blanca, en Ventanilla como consecuencia de las operaciones de la subsidiaria Repsol, en la refinería La Pampilla S.A.A., la contaminación ambiental se sigue expandiendo en el litoral peruano afectando especies marino-costeras de 20 playas de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay, con el riesgo inminente de extenderse hacia el norte, además de impactar dos áreas naturales protegidas (Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón) y la vida, salud, seguridad alimentaria y economía de centenas de familias que se dedicaban a actividades como la pesca, turismo y comercio en las zonas afectadas.
1. RESPONSABILIDAD DE REPSOL. Exigimos a la empresa y a su matriz que asuma su responsabilidad directa por este desastre ambiental, contenga y controle el avance del petróleo con una respuesta rápida y oportuna, con materiales y tecnología pertinentes. Asumiendo sus responsabilidades indicadas en su Plan de Contingencia. En cumplimiento del principio de debida diligencia, debe desplegar toda acción necesaria e idónea para controlar el derrame, asegurando la protección del ambiente y de todas las formas de vida. Asimismo, debe remediar los daños que ha ocasionado a los ecosistemas garantizando su restauración, y compensaciones justas e inmediatas a las y los pescadores artesanales y familias afectadas.
2. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO La refinería La Pampilla debe ser cerrada preventivamente hasta que se aseguren las condiciones de seguridad para su funcionamiento, garantizando su equipamiento para contextos de desastre natural, estación de rescate de animales, barreras flotantes, entre otras. Demandamos al Estado que establezca acciones para detener la propagación de la contaminación como convocar a expertos internacionales que tengan experiencia en el manejo de este tipo de situaciones. Estas acciones deben ser lideradas por la Autoridad Marítima Nacional, según sus competencias. Es importante que la Comisión de Crisis incluya también a: representantes de gobiernos subnacionales de la zona impactada, asociaciones de pescadores, personas afectadas y representantes de la sociedad civil con expertiz en estos temas. Además, la Fiscalía en Materia Ambiental de Ventanilla, debe desarrollar de manera diligente las investigaciones para determinar la responsabilidad de este crimen ambiental.
3. SALUD HUMANA. La empresa Repsol y el Estado deben garantizar equipos de protección adecuados para todas las personas que participan en tareas de limpieza, a fin de prevenir daños graves e irreversibles en su salud. De manera URGENTE se requiere estrategias y acciones inmediatas de atención en salud de la población de la zona afectada por el derrame de petróleo, especialmente de niños, niñas y mujeres gestantes y personas en situación de vulnerabilidad, que se encuentran expuestas al hidrocarburo y que podría evidenciar efectos negativos en su salud a mediano y largo plazo. Para ello se requiere que el Ministerio de Salud active e implemente un estrategia de atención de salud en el marco del Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, garantizando el presupuesto necesario.
4. INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL. El desastre en Ventanilla viene evidenciado la debilidad institucional del Estado para atender estas emergencias que en los últimos años se han vuelto comunes en el país en la Amazonía y en la Costa Norte del Perú. Urge fortalecer la capacidad evaluadora, fiscalizadora y sancionadora del Estado, que recae en el OEFA; y la respuesta de los distintos sectores del Estado frente a emergencias ambientales. Además, es necesario acortar los plazos de remediación actualmente vigentes y resolver los vacíos legales que permiten la evasión de responsabilidades de las empresas ante desastres ecológicos y delitos ambientales como el ocurrido en La Pampilla.
5. CIUDADANÍA. Instamos a la ciudadanía a seguir vigilantes ante este caso, haciendo presión para que la empresa se responsabilice y el Estado cumpla con sus funciones de garantizar la seguridad de la población afectada. Urge movilizarnos por el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y porque se promueva la protección de los ecosistemas frente a estos desastres ambientales. Las muestras de solidaridad y movilización son necesarias, siempre con información, responsabilidad y cuidando nuestra salud.