Desafíos para la academia y las OBF: diversidad y género en la II Asamblea Qonakuy

COLOMBIA-

CREAS– Del 25 al 27 de octubre se está realizando en Barranquilla, ciudad industrial y capital del Caribe colombiano, la II Asamblea de la Red de Universidades Protestantes y Evangélicas de América Latina – Qonakuy. Representantes de más de 14 instituciones de educación superior de la región se congregan para intercambiar experiencias académicas, teóricas y prácticas para el Desarrollo Sostenible y el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio les acompaña como aliado.

En ese marco Horacio Mesones, Director Ejecutivo de CREAS, fue invitado al conversatorio sobre Inclusión, Género y Diversidad, junto a Laura Chacón en representación del programa Colombia de la Federación Luterana Mundial. Al evento asistieron docentes, estudiantes e investigadores de la Corporación Universitaria Reformada (UniReformada), universidad anfitriona de la Asamblea y del Colegio Americano de Barranquilla, que también pertenece al sistema educativo Reformado de Barranquilla.

Lo primero que nos preguntamos, desde la mirada a los derechos de las diversidades, fue el tamaño del problema, ¿cuántas personas son afectadas por su identidad llamada «diversa» (como si no fuera esa una característica humana inherente)? ¿Cuál es la extensión o la profundidad de esta problemática que, más allá de la garantía de los derechos individuales, afecta en profundidad las estructuras sociales?

Recientemente el PNUD-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, elaboró un cuerpo de indicadores para medir el avance en la efectivización de derechos basados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Aunque en los propios documentos del PNUD se señala que las estadísticas son inexistentes, incompletas o inaccesibles en relación a las personas LGBTI, estos indicadores constituyen un marco para analizar las realidades de este sector poblacional.

Los indicadores construidos por el PNUD se nuclean en cinco ejes que son esenciales de analizar:

  1. Seguridad personal y violencia
  2. Participación política y cívica
  3. Bienestar económico
  4. Salud
  5. Educación.

Seguridad personal y violencia: La población LGBTI está más expuesta a la violencia física, verbal y psicológica, que incluye la probabilidad de ser expulsados de sus casas, la violencia policial, la exposición a discursos de odio (incluyendo redes sociales), situaciones que además se han agravado con la pandemia. Como demuestra un reciente informe de Caribe Afirmativo (por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, expresiones e identidades de género diversas en Colombia.), la tasa de homicidios en el Caribe colombiano contra personas LGBTI, en particular personas trans, ha aumentado de manera consistente en los últimos años. Muchos hechos de violencia no son denunciados, y las instituciones no siempre dan respuesta de manera eficaz y oportuna. Los efectos de la violencia a largo plazo derivan en afectaciones a la salud mental.

Participación política y cívica: Las organizaciones que promueven los derechos de la población LGBTI sufren los efectos de la reducción del espacio habilitante para la sociedad civil, reforzadas por estigma y la discriminación. La reducción de espacio incluye en muchos países la posibilidad de constituirse como organizaciones legales, hostigamiento en redes, desacreditación pública y violencia contra sus líderes. Este punto es clave, porque cuando se reduce el espacio de la sociedad civil organizada, se afecta los sectores más vulnerables.

Bienestar económico: Las dificultades para el acceso a un trabajo digno y el riesgo de vivir situaciones de acoso y violencia, refuerza y retroalimenta el riesgo de caer en la pobreza y en la inseguridad alimentaria. En particular, las personas transgénero tienen menos oportunidades de acceder al mercado laboral. Los datos muestran que los empleos se concentran en el sector servicios y en el turismo, que fueron los más afectados por la pandemia. Aunque en Sudamérica la mayoría de los países han aprobado legislaciones de unión civil o matrimonio igualitario, la ausencia de esta legislación corta la posibilidad de beneficios económicos por la vida en pareja.

Salud: Los problemas se sitúan en el plano de la estigmatización y la discriminación, pero deben mencionarse también los derivados de la patologización médica (, que sigue ocurriendo pese a que desde 1990 la OMS eliminó la homosexualidad como enfermedad. El caso de Colombia es una muestra clave, pese a ser uno de los 10 países con un marco legal más amplio en términos de los derechos garantizados, es uno de los países en los que las terapias de conversión no son ilegales.
A todo este marco se suman los problemas de salud mental y automedicación, agravados durante la pandemia.

Educación: Las personas LGBTI sufren mayor acoso escolar, violencia física y psicológica por falta de dispositivos institucionales y de implementación de políticas integrales contra la discriminación en ambientes educativos. Los sistemas educativos resultan en muchas oportunidades expulsivos para las personas LGBTI, resultando en mayores índices de ausentismo y deserción, con el consecuente impacto en el desarrollo de habilidades para la inserción social y económica y, como se mencionó anteriormente, con un aumento de probabilidad de caer en situaciones de pobreza e inseguridad alimentaria.

Se debe tomar en cuenta además que estos efectos se agravan cuando se consideran desde una perspectiva de género. Cuando se trata de mujeres, las proporciones decaen aún más.

Caminos ya recorridos

En el año 2019 la UniReformada y la Iglesia Unida de Canadá, con el apoyo de CREAS, convocaron a la Consulta internacional: Sexualidad humana, género y diversidad, que convocó a instituciones de educación superior, seminarios teológicos, personas de iglesias, agencias de cooperación ecuménica, organizaciones cristianas de servicio, organizaciones de la diversidad, y plataformas de paz. Este encuentro tuvo como objetivo compartir experiencias, reflexionar sobre la realidad de las personas LGBTI en América Latina y el Caribe, y realizar propuestas para la reafirmación de derechos.

El intercambio colocó preguntas respecto a qué cambios se necesitan en las instituciones, en las prácticas y en nuestras comprensiones para responder a los desafíos en la región en los temas de justicia de género, inclusión y diversidad con un sentido transformador que apunte a la equidad y la paz. Derivó en un documento (en español e inglés) con los siguientes objetivos:

  1. Proporcionar un marco de análisis en relación a temas de género y diversidad sexual en América Latina y el Caribe.
  2. Presentar los estándares mínimos a nivel internacional sobre derechos en justicia de género y en relación a población LGBTI.
  3. Definir principios bajo los cuales las iglesias y organizaciones basadas en la fe (OBF) fomentan la inclusión y el respeto a la diversidad humana.
  4. Delinear propuestas de acción pastoral y de incidencia pública y política en favor de la dignidad humana y el pleno ejercicio de derechos.

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