Continúa la criminalización en El Estor; ahora contra la población de Chapín Abajo

GUATEMALA-

Por Prensa ComunitariaLas comunidades del área sur de El Estor continúan perseguidas y criminalizadas, sus autoridades ancestrales tienen orden de captura y en estos días las autoridades ofrecieron recompensa de Q50 000 (poco más de 6000 dólares) por su delación. Este miércoles, con violencia, intentaron ingresar a la comunidad en donde las mujeres evitaron su ingreso, el conflicto en la región parece no encontrar solución.

Desde las primeras horas de la mañana del miércoles 26 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC), anunciaba en sus redes sociales que realizaría un operativo, en El Estor, Izabal, para hacer capturas contra personas involucradas en diferentes delitos, todo parecía rutinario y en ley.

Más tarde, en la comunidad Chapín Abajo, en el área sur de El Estor, Izabal, se corrió el rumor de que varias lanchas salían con al menos 2 000 policías, incluidos miembros de las fuerzas antimotines, quienes ejecutarían tres allanamientos y 20 órdenes de captura contra comunitarios que participaron en la resistencia antiminera, en octubre de 2021 y en la resistencia en la comunidad de Palestina Chinebal en donde agentes de policía junto a particulares incendiaron las viviendas de la comunidad luego de un desalojo violento.

Una hora después los rumores se hicieron realidad, el embarcadero de Chapín Abajo se vio invadido por una gran cantidad de policías, que pretendían ingresar al lugar.

Algunos de los miembros de la comunidad pudieron fotografiar a los antimotines y atestiguaron que al menos cuatro lanchas particulares los transportaron hasta la orilla del lago, en donde está ubicada la comunidad.

Varias mujeres Q’eqchi’ interceptaron el paso a los antimotines e intentaron dialogar con la PNC, pero la respuesta de los agentes fue disparar gases lacrimógenos que afectaron a varias personas entre ellas niños, mujeres y personas de edad avanzada, según informaron los afectados a Prensa Comunitaria.

Mientras esto sucedía, tres helicópteros sobrevolaban la comunidad, según testimonios recogidos, dos de las naves parecían ser del ejército, es decir, de tipo militar y una particular de color azul con líneas blancas como la que utiliza la empresa palmera NaturAceite para llegar al área sur de El Estor, en donde tiene sus instalaciones y extensas áreas cultivadas con palma de aceite.

Con esto, la autoridad comunal de Chapín Abajo concluye que las fuerzas policiales utilizaron tres tipos de transporte para llegar a la comunidad, por vía aérea, acuática y terrestre.

“No sabemos nada, nos agarraron de pura sorpresa como que estuviéramos en tiempos de guerra; pero nuestra comunidad está organizada y cualquier institución gubernamental o no, debe pedir permiso a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y a nosotros las autoridades ancestrales para que puedan ingresar a nuestra comunidad y hacer sus actividades”, mencionó una autoridad indígena de la que omitimos su nombre por su seguridad.

Una de las mujeres que intentó dialogar con los antimotines dijo que los agentes actuaron de forma violenta en contra de ellas, “Nos dijeron malas palabras y pude ver que algunas personas que venían en las patrullas eran personas particulares que parecieran ser trabajadores de NaturAceites”, indicó.

Fueron al menos 45 minutos de tensión y violencia, algunos comunitarios corrían a resguardarse, otros buscaban dialogar con la PNC y otras personas quedaron en medio de los gases lacrimógenos y disparos de la policía, “Si no fuera por una muchacha que metió en la pila a mi hijo de 9 años está historia sería diferente”, narró una señora que durante los hechos sufrió un ataque de nervios.

Además, relató que una muchacha se dobló el tobillo izquierdo y ahora está muy grave, sin posibilidades de salir de la comunidad, porque no saben si al salir serán capturadas, “hay 20 órdenes de captura, y nadie sabe contra quiénes son, pueden ser hombres o mujeres, cualquiera que salga de la comunidad puede ser capturado”, comentó.

Luego de la represión la criminalización subió de nivel

Después de que los antimotines se retiraran del lugar, un medio local publicó un cartel con la fotografía de tres autoridades indígenas de Chapín Abajo, con el mensaje: “Se Busca por evasión carcelaria”, en esa misma publicación se dice que la PNC, el Ministerio Público y Gobernación Departamental ofrecen Q50 000 para quien brinde información de las personas señaladas, entre ellos: Mariano Choc, Pedro Choc y Pedro Cuc, señalados de delito de robo agravado, atentado y detención ilegal.

Pedro Cuc, cuyo nombre aparece en ese mensaje, dijo a Prensa Comunitaria que es lamentable el actuar del gobierno represor, “acaso nadie sabe o conoce en dónde vivimos, si hasta ellos mismos vienen hasta acá para que den una información, creo que es por falta de profesionalismo”. Agregó que la orden de captura en su contra no es por cometer algún delito sino por exigir un derecho.

“La comunidad retuvo a 15 agentes de la PNC cuando pretendieron capturarnos en diciembre de 2021, retuvieron las armas de la PNC y dialogamos con el exgobernador Héctor Alarcón y un Juez de Paz, se levantó un acta en donde se acordó retirar las órdenes de captura y solo así se entregarían las armas de los agentes, pero hasta la fecha no han cumplido, más bien aumentaron las órdenes de captura rompiendo con el compromiso que firmaron en el acta”, concluyó Cuc.

Hace un año, en octubre, las fuerzas policiales reprimieron la resistencia antiminera en El Estor, luego de la violencia, justamente el 26 de octubre de 2021, las fuerzas militares y policiales allanaron las viviendas de autoridades indígenas y de periodistas comunitarios que cubrieron la represión en las fechas 22 y 23 de Octubre.

Un mes después, durante un estado de sitio decretado por el gobierno de Alejandro Giammattei, desalojaron violentamente a la comunidad Palestina Chinebal, también en el área sur de El Estor, incendiando 96 viviendas, en esa ocasión se documentó que personal de la empresa NaturAceite participó en el desalojo violento y en la quema de las viviendas de comunitarios.

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