FUMEC
ARGENTINA-
El Perú vive una escalada de violencia ejercida por el gobierno golpista de Dina Boluarte. Desde la destitución de Pedro Castillo como Presidente de Perú el pasado 7 de diciembre, el pueblo ha tomado las calles demandando nuevas elecciones, la renuncia del actual gobierno, Asamblea Constituyente y la liberación de Castillo. La Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos para América Latina y el Caribe- FUMEC ALC– “denuncia los atropellos y violaciones del Derecho Internacional y los Derechos Humanos en el Perú donde la policía reprime y dispara a matar a quienes han salido a protestar en diferentes ciudades de todo el país”.
El Pronunciamiento firmado por Marcelo Leites y Dianet de la C. Martínez Valdés, Secretario General y Secretaria Regional de FUMEC, ofrece “todo nuestro apoyo y oraciones a los jóvenes, estudiantes y Senior Friends del Movimiento Estudiantil Cristiano en Perú; a las organizaciones ecuménicas, movimientos sociales e iglesias con las que hemos compartido camino al andar; a cada persona de ese pueblo hermano que sufre, resiste y lucha por sus derechos”.
En la jornada del sábado 21 de enero, efectivos policiales ingresaron a la Universidad de San Marcos, con el fin de detener a manifestantes, provenientes de distintas regiones del país, que fueron alojados dentro del recinto mientras participan de las movilizaciones en Lima. Allí han lanzado bombas lacrimógenas y han efectuado disparos. No solo los han detenido, sino que los han tirado al suelo y humillado. Algunos se encuentran con paradero desconocido.
Hacemos un llamado de solidaridad a la comunidad internacional a alzar juntos las voces y acciones proféticas a favor de la justicia para las y los peruanos a fin de que se detenga la represión, los asesinatos y detenciones sin ninguna garantía legal. Pedimos a la Organización de Naciones Unidas y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachellet, a actuar debidamente tomando las acciones políticas correspondientes para que se respete y se proteja la vida como bien supremo de las y los ciudadanos en Perú.