BRASIL-
El desmantelamiento del Ministerio de Pueblos Indígenas y aprobación de la urgencia del PL 490 en vísperas del juicio por marco temporal es un irrespeto a la Corte Suprema y a las instituciones democráticas. “El 24 de mayo de 2023, fuimos testigos de maniobras sin escrúpulos en las dos cámaras legislativas federales de Brasil. En las primeras horas de la noche, la Comisión Mixta encargada de analizar la Medida Provisoria (MP) 1154 aprobó la retirada de competencias fundamentales de los Ministerios de Medio Ambiente (MMA) y de Pueblos Indígenas (MPI). El informe aprobado restó al recién creado MPI la atribución de la demarcación de los territorios indígenas y flexibilizó la seguridad ambiental del bioma de la Mata Atlántica”, denuncian.
Posteriormente, el pleno de la Cámara aprobó la tramitación urgente del Proyecto de Ley (PL) 490/2007, que institucionaliza la tesis del hito temporal, dificulta el avance de los procesos de demarcación, abre las tierras indígenas a todo tipo de explotación y pretende, en la práctica, hacer inviable el derecho constitucional de los pueblos originarios a la tierra.
Nos deja perplejos que el actual gobierno federal, que fue electo con el compromiso de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar en su cumplimiento, haya liberado a los miembros de la base gobernante durante la votación de la urgencia de este gravísimo proyecto de ley. En este contexto, expresamos nuestro repudio y denunciamos ante la sociedad estos últimos actos de barbarie, al mismo tiempo que manifestamos nuestra preocupación por el futuro que se anuncia, en caso de que se permita su continuidad.
En primer lugar, el PL 490 es claramente inconstitucional y, por esa misma razón, ya debería haber sido enterrado, ya que reduce derechos que están fijados como cláusulas fundamentales en el texto constitucional, en particular el derecho de los pueblos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan.
La aprobación de la urgencia en su tramitación ocurre en vísperas del juicio, por el Supremo Tribunal Federal (STF), del infame hito temporal. Esto significa, por parte de la Cámara de Diputados y del presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP/AL), una enorme falta de respeto al Supremo Tribunal Federal y a las demás instituciones democráticas.
Además del intento de subordinar al Poder Ejecutivo con estas maniobras abusivas, los parlamentarios fulminan a sectores muy sensibles del gobierno, especialmente a los liderados por dos mujeres que tienen relación inmediata con la cultura ribereña, ambiental, indígena y campesina. Es una muestra contundente del látigo ideológico y económico impuesto sobre las agendas de los pueblos, sus derechos constitucionales y sus más diversas culturas.
La historia no permite olvidar los asesinatos, torturas y expropiaciones de que fueron víctimas diversos pueblos indígenas, violaciones promovidas por la Dictadura Militar bajo la justificación de promover el desarrollo económico del país a través de la ejecución de grandes obras de infraestructura. De la misma manera, la historia nos cobrará nuevamente si el país vuelve a seguir el mismo camino de los años de plomo.
Creemos también que la retirada de la competencia del MPI para demarcar las tierras tradicionales, con la devolución al Ministerio de Justicia, es reflejo de una coyuntura que sólo permite el avance de la lucha y del protagonismo indígena hasta cierto punto, siendo estos los primeros derechos en ser privados en negociaciones consideradas de mayor importancia. Sin embargo, es importante que el gobierno federal garantice el avance de las demarcaciones, independientemente de la cartera a la que estén vinculadas.
Cumpliendo con nuestro deber institucional y misional, no nos quedaremos callados y denunciaremos ante la sociedad nacional e internacional la truculencia de sectores del Congreso Nacional que se apoyan en una agenda reaccionaria para avanzar sobre derechos asegurados por la Constitución. Asimismo, nos solidarizamos con los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones, frente a estos retrocesos y desmantelamientos institucionales que obstaculizan y avergüenzan aún más la demarcación de las tierras indígenas y la protección de estos territorios.
Redoblamos nuestra esperanza y respeto en la sociedad y sus instituciones. Asimismo, reiteramos nuestra confianza en que el Supremo Tribunal Federal, en su tarea primordial e indispensable de guardián de la Constitución, reafirmará el carácter originario de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y, al hacerlo, no permitirá que las generaciones futuras sufran los impactos de las actuales desastrosas decisiones políticas del Congreso Nacional.
Finalmente, condenamos el retroceso, la falta de respeto institucional y la cobardía de los poderosos. Al mismo tiempo, reiteramos nuestra solidaridad con el movimiento indígena en este lamentable episodio y nos colocamos del lado de los pueblos originarios y de todos aquellos que buscan construir una sociedad en la que la diversidad de formas de vida sea respetada y entendida como un principio ético, humano e innegociable.
Firman:
Conselho Indigenista Missionário – Cimi
Comissão Pastoral da Terra – CPT
Serviço Pastoral dos Migrantes – SPM
Conselho Nacional do Laicato do Brasil – CNLB
Caritas Brasileira
Comissão Brasileira Justiça e de Paz – CBJP
Pastoral do Turismo – Pastur
Pastoral do Surdo
Pastoral dos Nômades
Pastoral da Saúde Nacional
6ª Semana Social Brasileira
Pastoral da Sobriedade
Pastoral Operária Nacional
Pastoral da AIDS
Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração
Conselho Pastoral dos Pescadores – CPP
Pastoral Carcerária Nacional
Observatório de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida – OLMA