Paridad de genero. Getty
ECUADOR-
Con los últimos cambios políticos que vive Ecuador el país estará en sucesivos procesos electorales en los próximos dos años. Las elecciones convocadas como consecuencia de la aplicación de la conocida “muerte cruzada” serán extraordinarias, pero fueron ya un espacio de discusión alrededor de la incorporación de reformas legales aprobadas recientemente. Una de ellas es la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones
Políticas que indica que, a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley, en las inscripciones de candidaturas pluripersonales y unipersonales, el porcentaje mínimo de encabezamiento de listas será del 50%. Además, habrá la obligación de paridad en los binomios presidenciales. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no reconoció la aplicación de este cambio argumentando el carácter de extraordinario de las elecciones.
Esto provocó que varias organizaciones y colectivos de mujeres interpusieran impugnaciones tanto ante el Consejo Contencioso Electoral y la Corte Constitucional. Frente a la impugnación el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, máximo organismo de control legal en procesos de elecciones dispuso que se aplique el principio de paridad de género en las listas de candidatos presidenciales y legislativos de las elecciones generales que se realizarán el próximo 20 de agosto. Ante estos acontecimientos caben varias preguntas a las autoridades competentes y
a la sociedad ecuatoriana:
¿Por qué una ley que involucra a las mujeres simplemente no se aplica? ¿Por qué cuando se trata
de que leyes de las mujeres se cumplan se convierte en peregrinaje institucional interminable la
aplicación de las mismas? Es incomprensible que en el país estos cambios representen tantas
trabas para el real acceso a la participación y representación política de las mujeres.
Las mujeres han sido protagonistas de grandes debates nacionales como la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres, la ley de aborto en casos de violación, el mismo código de la democracia ofreciendo argumentos jurídicos y sociales que mantienen una conexión directa con la realidad, sin embargo la implementación de estas y otras leyes es extremadamente difícil, lo que habla de una discriminación y exclusión institucionalizada en el estado, que restringe derechos y sigue mirando a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría.
Es de esperar que estos procesos de mayor participación se traduzcan en cambios profundos en los partidos políticos y que luego se vean reflejados en la gestión tanto del legislativo como del ejecutivo, incorporando la visión, voz y decisión de las mujeres en las grandes decisiones nacionales.
El papel de las organizaciones de mujeres y otras de la sociedad civil ha sido central en la veeduría de la aplicación de las leyes y este caso es una muestra más de que en el país sin la sociedad civil el acceso a los derechos humanos y los derechos políticos sería imposible, especialmente para las mujeres. Si dependiera solamente de las autoridades ni veríamos nuevas leyes y tampoco implementaciones que reflejen un estado que avanza en la garantía de derechos.
Las nuevas elecciones entonces dejarán un nuevo mapa político para Ecuador donde las mujeres tendrán más oportunidades.
Fuente: Editorial de PRODH-