PERÚ-
Un juzgado ha condenado en Perú a diez militares a penas de entre seis y 12 años de prisión por la violación sexual a nueve mujeres –la mayoría adolescentes– en dos comunidades andinas y quechua hablantes, como parte de la estrategia para atemorizar a los civiles en la guerra contra el grupo terrorista Sendero Luminoso entre 1984 y 1995. Una de las víctimas expresó a Público, de España, su disconformidad con la sentencia, pues la Fiscalía había pedido 18 y 20 años de prisión para los acusados.
“Me siento muy mal: es muy poco la condena, no es lo que esperábamos. 20 años hemos luchado dejando de trabajar y de educar a nuestros hijos, andando por aquí y por allá para conseguir la justicia. Lastimosamente en el Perú no hay justicia buena, las autoridades no nos dan importancia a la gente indígena”, manifestó M. Ch., quien en los años 80 vivía en la comunidad de Manta, en el centro oeste del país, donde el Ejército disponía de un cuartel.
El juez Marco Angulo, de la primera sala penal superior, sentenció a 10 años de cárcel a siete exmilitares, ordenó doce años de prisión para otro, mientras que dos exuniformados más obtuvieron penas de ocho y seis años de cárcel.
Los crímenes también fueron considerados delitos de lesa humanidad por el juez, quien mantuvo en suspenso las condenas para otros tres que no se han presentado desde hace varios meses al proceso.
“Este caso nos sirve para mostrar que, dentro de las tácticas de guerra, dentro de las prácticas de introducción del enemigo que utilizaban las Fuerzas Armadas, en el marco de la lucha antisubversiva, se ha utilizado la violencia sexual cuando se trataba de mujeres y eso tiene que quedar totalmente proscrito de las prácticas militares (…). Esta defensa es la única que ha aceptado que hubo violaciones sexuales, pero lo que dice es que estas prácticas eran propias de cada uno de los soldados, que no acarreaban responsabilidad institucional y esto es falso: se ha demostrado que eran de pleno conocimiento de los superiores. De hecho, hay dos autores mediatos, quienes sin haber violado directamente, tienen responsabilidad directa sobre los hechos porque (eran jefes de base) y tenían el dominio de la situación y del territorio, por lo que pudieron no solamente evitar, sino también buscar mecanismos sancionatorios a quienes cometieran estos hechos”, afirma Cynthia Silva, abogada que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes y directora de la organización feminista Demus.