ARGENTINA-
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó esta primera semana del año, que concluyó el “proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares” a los fondos previstos en la ley 21.950, por lo cual esas autoridades de la Iglesia católica dejarán de percibir los aportes del Estado nacional. “En realidad, esa “renuncia” se debe al escándalo en el Congreso en 2018 y el descontento social por los fondos estatales que recibe, en medio del debate de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Nada dicen los obispos sobre otros privilegios económicos otorgados mediante decretos-leyes a una iglesia que, salvo pocas y honrosas excepciones, apoyó a la dictadura”, dice Organizaciones Laicistas Argentinas-O.L.A.
Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, “conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación”, indicó la CEA en un comunicado. Se trata de la asignación mensual para la jerarquía de la Iglesia Católica prevista por el Decreto-Ley N° 21.950 (asignación mensual a obispos y arzobispos).
O.L.A. recuerda que son los Decretos-Ley N° 21.540 (asignación vitalicia a obispos que cesan en sus cargos), N° 22.430 (asignación vitalicia a curas de más de 65 años), N° 22.162 (asignaciones a curas de frontera), N° 22.552 (asignaciones a vicarios sustitutos) y N° 22.950 (becas por cada seminarista). “Éstas son una ínfima parte de las prebendas económicas que actualmente recibe del Estado sostenido por el conjunto de la sociedad”.
Sea que los obispos católicos hayan renunciado o no a todas las prebendas a partir de 2024, afirmamos que, a 40 años de finalizada esa dictadura, es un deber de una sociedad democrática y de sus instituciones derogar todas las normas que confieren tan funestos privilegios, incluyendo el sostenimiento de la enorme estructura del Obispado Castrense.
Reiteramos la necesidad de retomar el camino de una reforma constitucional como el iniciado por el Congreso Nacional en 1954, que mediante la Ley 14.404 declaró la necesidad de reformar la Constitución Nacional ‘en todo cuanto se vincula a la iglesia y sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos, frente a la ley'”.
O.L.A. está formada por casi 50 organizaciones de varias provincias que defienden los derechos humanos y reclaman la separación de la Iglesia y el Estado