Despedida religiosa (Paz y Esperanza)
PERÚ-
Por Germán Vargas (Paz y Esperanza/ALC)-
En presencia de los y las familiares de las víctimas, y con el acompañamiento de la ministra de Justicia María Soledad Pérez Tello, de la Vice ministra de Derechos Humanos y Acceso a la justicia Gisella Vignolo Huamaní y del gobernador regional, Glodoaldo Álvarez Oré, entre otras autoridades, se realizó la semana pasada en Huancavelica la entrega de los restos de 15 personas ejecutadas extrajudicialmente en el caso denominado Santa Bárbara.
Se trata de uno de los hechos más bárbaros ocurridos en la región Huancavelica durante el conflicto armado, y ocurrió el 4 de julio de 1991, cuando una patrulla del Ejército Peruano al mando del Teniente de Infantería Javier Bendezú Vargas, acompañada de algunos civiles, llegó a la comunidad campesina Santa Bárbara, procediendo a detener a catorce personas, entre ellas tres niñas y cuatro niños entre los 8 meses y seis años de edad, a quienes sindica como subversivos, prendiendo fuego a sus viviendas para obligarlos a salir, y reteniéndoles varias horas desnudos entre el frío y la intemperie.
Apoderándose del ganado de las familias y de otras pertenencias de las personas detenidas, condujo a hombres, mujeres, niños y niñas amarrados hacia una mina abandonada llamada “Misteriosa”, introduciéndoles en el socavón para luego dispararles ráfagas de fusil, y posteriormente, a través de cargas de dinamita, hacer estallar los restos de los cuerpos acribillados.
Zenón Osnayo, uno de los familiares de las víctimas que participó en la ceremonia, cuenta que había estado lejos de su pueblo y que al regresar para reencontrarse con su familia, pudo darse cuenta cómo ardía su casa enterándose que se habían llevado su ganado y, lo más grave, a su esposa y tres pequeñas hijas.
Tuvo que caminar desesperadamente varios kilómetros, tratando de seguir los pasos de su familia y vecinos, para toparse con la escena más horrenda e inimaginable. Ropitas de niñas, la mitad de un cráneo, un brazo, y la mano de una de sus hijitas aparecían esparcidos. Eran retazos de vidas convertidos en despojos inanimados.
La lucha para que se reconozca la verdad y por justicia empezó desde entonces, y años más tarde con el apoyo de Paz y Esperanza y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se impulsó el caso ante el sistema interamericana de Derechos Humanos, obteniéndose una sentencia contra el Estado peruano el 1 de setiembre de 2015.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice en su sentencia que “El Estado debe llevar a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones declaradas en esta Sentencia, y debe iniciar, de manera sistemática, rigurosa y seria, con los recursos humanos y económicos adecuados, las acciones que resulten necesarias tanto para la exhumación como la identificación de los restos humanos localizados en la mina “Misteriosa”, sitio que deberá proteger para su preservación”.
Esta parte de la resolución ha empezado a cumplirse, y la ministra Pérez Tello ha ofrecido disculpas públicas a los familiares de las víctimas, quedando pendiente la implementación de las medidas de reparación, y el procesamiento y sanción efectiva para los asesinos de nuestros hermanos y compatriotas.
Los restos de las víctimas se velaron en el centro comunal de Santa Bárbara, y el sábado se produjo el entierro digno por el que tuvieron que esperar más de 26 años.
Relato del caso en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación:
http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/2.50.%20SANTA%20BARBARA.pdf