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PERÚ-
Germán Vargas Farías-
Un estudio del Banco Mundial presentado en junio pasado reconoce que el Perú ha avanzado en la lucha contra la violencia de género debido al incremento de inversiones, el fortalecimiento del marco legal e institucional y el involucramiento de más sectores; advierte, sin embargo, que si se quiere maximizar el impacto de tales avances se deberá “mejorar la asignación estratégica de recursos en prevención, atención y protección, apoyada en la coordinación multisectorial y un plan con objetivos a largo plazo”.
Se han logrado avances importantes dice el estudio “10 Mensajes sobre la violencia contra la mujer en el Perú, un análisis de las inversiones públicas en esta agenda”, y lo demuestra; pero no hay nada que celebrar si tenemos en cuenta que el año 2018 se produjeron 149 feminicidios, que entre enero y julio de 2019 ya se han registrado 94, y que seguimos siendo uno de los países en la región donde las mujeres son más violentadas.
La investigación, significativa por varias razones, se realizó a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas, y su análisis y conclusiones fueron asentidas por el presidente de la República que en el acto de presentación del informe agradeció al Banco Mundial por acceder a realizar el estudio, señalando que su gobierno “ha tomado como prioridad, y como importancia del más alto nivel trabajar como Estado en atacar frontalmente la violencia contra las mujeres”.
“Voluntad hay, decisión hay, presupuesto también, pero tenemos que evaluar resultados para ir ajustando”, dijo el presidente Martín Vizcarra.
El compromiso del gobierno nacional en la lucha contra la violencia hacia la mujer, reconoció el presidente, no será suficiente si no involucra a todo el Estado lo cual comprende los 19 ministerios y los gobiernos regionales y municipales, así como a toda la sociedad en su conjunto.
Es, precisamente, desde la sociedad civil organizada donde se ha expresado una rápida respuesta, concordando con varias de las conclusiones principales del estudio realizado por el Banco Mundial.
Así, coincidiendo con la apreciación de la violencia de género como un “flagelo que, además de ser devastador para las víctimas y sus familias, retrasa el desarrollo y representa significantes costos sociales y económicos para los países”, como dijera Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú; y reconociendo que corresponde enfrentar las causas estructurales con acciones sostenidas, metas claras a corto, mediano y largo plazo, e identificando el rol de cada sector, una de las conclusiones más relevantes para las veinte organizaciones de la sociedad civil que conforman el Grupo Impulsor para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, es que el esfuerzo debe orientarse especialmente en la prevención.
“Si entramos a una verdadera prevención desde la niñez, vamos a asegurar para las próximas generaciones la disminución significativa de esta violencia”, ha dicho el presidente Vizcarra, y tal comprensión debiera suponer el desarrollo de programas presupuestales que, con énfasis en la prevención, rompan el ciclo intergeneracional de la violencia, mejorando las competencias parentales desde modelos de crianza positiva.
No es posible que reconociendo la importancia de la prevención, y que la violencia empieza en la niñez, se siga destinando magros presupuestos para enfrentarla.
Según el presidente Vizcarra, en su gobierno hay voluntad, decisión y presupuesto para hacerlo, dijo también que había necesidad de evaluar los resultados para ir ajustando y con el estudio del Banco Mundial ya tiene el análisis que requería. Queda ahora actuar en consecuencia.
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