COLOMBIA-
El pasado 27 de enero de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) como respuesta a ocho tutelas de excombatientes que denunciaban graves amenazas a su vida. La Corte Constitucional confirmó lo que decenas de excombatientes de las Farc le habían manifestado: que los están matando.
La Corte concluyó que el Gobierno no está cumpliendo con las medidas establecidas en el Acuerdo de Paz para proteger a las personas que firmaron la paz. Por eso, emitió una serie de órdenes para que las autoridades cumplan el numeral 3.4 del Acuerdo; y a la Procuraduría y Defensoría les ordena que monitoreen ese cumplimiento.
Este tipo de declaraciones son esenciales a nivel político y a nivel técnico-jurídico. A nivel político, porque al declarar el estado de cosas inconstitucional, la Corte pone el tema en el debate político nacional. Además, se da un diálogo entre la Corte, las autoridades, la academia y las organizaciones sociales y eso genera lo que algunos llaman una jurisprudencia dialógica, que ayuda a mejorar la transparencia y la calidad de las políticas públicas destinadas a enfrentar el problema.