El Comercio (Perú)
PERÚ-
Durante las protestas políticas en la región de Apurímac, en diciembre del 2022, se registraron 6 muertes, 83 personas heridas y decenas de personas detenidas. Por esta razón las instituciones Asociación Pro Derechos Humanos Aprodeh, IDL, Paz y Esperanza y el equipo legal de abogados independientes de DD.HH proceden a denunciar a la presidenta Dina Boluarte, su gabinete ministerial, altos mandos policiales y responsables de esta masacre en la región de Apurímac.
Frente a esa masacre, es necesario que el sistema de justicia actúe. Por eso, la Aprodeh, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Paz y Esperanza y el equipo legal voluntario de DD.HH, integrado por abogados independientes, presentaron una denuncia penal contra Dina Boluarte, sus ministros, altos mandos policiales y contra quienes resulten responsables. La denuncia, que fue ingresada el lunes 13 de febrero de 2023 ante el despacho de la Fiscal de la Nación, contiene material audiovisual, documental y testimonios de víctimas, que demuestran la comisión de ilícitos penales.
No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto. Se alega en la denuncia que la masacre en Apurímac tiene como coautora a la Presidenta de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el director general de la Policía Nacional del Perú, el jefe del Frente Policial Apurímac y al jefe de la división policial de Andahuaylas y Chincheros. No solo los efectivos policiales, que fueron actores directos, son responsables penalmente. Sino también lo son autores mediatos, que formaron parte de la cadena de mando.
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