Arrecia oposición religiosa contra iniciativa presidencial

 

MÉXICO-

Por Leopoldo Cervantes-Ortiz-

Calificada por algunos dirigentes religiosos como parte de la propaganda electoral oficial previa a los comicios del 5 de junio pasado, la iniciativa de Enrique Peña Nieto para homologar constitucionalmente las uniones entre personas del mismo sexo, sigue produciendo fuerte oposición en las diversas iglesias. Al día siguiente de que fue anunciada la iniciativa como parte de la celebración, el 17 de mayo pasado, del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, comenzaron las manifestaciones de rechazo.

En el anuncio, llevado a cabo en una reunión con representantes de varias organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI, Peña Nieto expresó el propósito de la iniciativa que busca modificar el artículo 4° constitucional y el Código Civil Federal: “Para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación por motivos étnico, nacional, discapacidad, condición social, religión, género o preferencias sexuales. Así quedaría explícito el matrimonio igualitario en nuestra Constitución”.[1] Además, agregó que “con la asesoría del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se revisarán normas federales, locales y administrativas que representen algún tipo de discriminación para derogarlas o modificarlas”. La Suprema Corte de Justicia consideró inconstitucionales las leyes estatales que prohíben estas uniones, en una tesis de aplicación obligatoria, debido a que las parejas del mismo sexo tienen que recurrir al amparo para poder casarse.

También informó que la iniciativa contempla que “los cónsules, en su función de jueces del registro civil, puedan expedir una nueva acta de nacimiento para reconocer la identidad de género” y que, “de ser aprobados los cambios en el Código Civil Federal sean replicados en las diferentes entidades”. Asimismo, como parte del paquete de acciones para inhibir prácticas homofóbicas, informó que “en el plano internacional girará instrucciones a la cancillería para que México se incorpore al Grupo Núcleo sobre las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales de las Naciones Unidas, donde participan 19 países de distintas regiones”.[2]

Inmediatamente, el 18 de mayo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció en contra al decir que “las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo no cumplen una ‘función social plena’ y no pueden compararse con un matrimonio heterosexual porque este último puede tener hijos”. Y añadió: “Reconocemos la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio”. Para el Episcopado, “resulta problemático que una sociedad no advierta con claridad que sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena ‘por ser capaz de dar un ‘compromiso estable’ y ‘hacer posible la fecundidad’”. Al citar la exhortación apostólica “La alegría del amor”, del papa Francisco, el CEM recordó: “No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”.[3]

En el documento, los obispos afirmaron “valorar todas las propuestas y acciones que promuevan el reconocimiento y protección de los derechos humanos” y consideraron prioritario evitar cualquier forma de discriminación. El Episcopado “pidió una evaluación ‘a fondo’ de las iniciativas anunciadas”. Y concluyen: “Por lo que se refiere a las familias, se debe tratar de asegurar un respetuoso acompañamiento, con el fin de que aquellos que manifiestan una orientación sexual distinta puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida”.

Por su parte, el 20 de mayo, el pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), anunció que “reunirá 110 mil firmas para presentar una iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión a fin de que legisle sobre el derecho de los menores a tener un padre y una madre”, pues señaló que “de esa manera se contrarrestará la posibilidad de que matrimonios del mismo sexo puedan adoptar a un menor de edad, de progresar la iniciativa del gobierno federal”. Farela equiparó este caso con el del consumo de mariguana, para el cual se realizó un debate público; lo mismo debería de hacerse “en torno al matrimonio igualitario”. También indicó que “no descarta la posibilidad de hacer un frente común con la Iglesia católica en torno al tema, pues si bien existen diferencias teológicas entre ambas, también coinciden en que son cristianas y defienden la postura fundada en la Biblia, de que los matrimonios deben estar integrados por un hombre y una mujer” y que “el Congreso de la Unión debe considerar a todos los sectores de la sociedad en el tema”. Para reforzar sus dichos, el dirigente evangélico recordó que “los cristianos evangélicos suman más de 25 millones de mexicanos en el país y las uniones homosexuales van en contra de sus creencias, por lo que de prosperar la iniciativa tendrá un costo político en la elecciones”.[4]

Los editoriales del semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de México, han sido especialmente duros. La edición del 22 de mayo afirma: “Habiendo tantos problemas que tienen de rodillas al país —como el flagelo del narcotráfico y la violencia que genera […]— no es posible que el Gobierno de la República ponga como prioridad legislar sobre falsos derechos, que no se sostienen desde una base antropológica, y que minan los valores sociales y familiares sobre los que tradicionalmente se ha asentado la sociedad mexicana”. Y agrega, en abierta crítica a los anunciados alcances internacionales de la iniciativa: “Causa una preocupación aún mayor que el titular del Ejecutivo haya instruido a la Secretaría de Educación Pública para que introduzca en la educación de los niños la destructiva y perversa ideología de género, que deforma la realidad antropológica y socava los valores fundamentales que históricamente han dado forma a la familia y a la sociedad mexicana. ¿Estarán de acuerdo los padres de familia en que se envenene a sus hijos con esta malsana ideología? […] provoca un mayor asombro la instrucción que el Presidente de la República dio a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que México forme parte del Grupo Núcleo sobre las Personas Homosexuales, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, o Intersexuales de la ONU, y desde ahí promueva sus falsos derechos a escala internacional”.[5]

El 5 de junio, mismo día de las elecciones, este medio informativo aseveró, al referirse a la posible adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo:

 

Si esta administración quiere proteger a los niños en todas sus dimensiones y fortalecer su interés superior como lo señala la Constitución, entonces se demanda el inmediato retiro de la iniciativa para ser devuelta a su promotor, el Ejecutivo Federal. No puede dejarse, como sucedió en la Ciudad de México, que el tema de las adopciones pase sin la menor discusión, análisis y sentido de responsabilidad. Un hijo no se reduce a simple posesión caprichosa ni, como ya se señaló, es un trofeo de las ideologías de género, las cuales reclaman un derecho, que es un falso derecho, porque no existe el derecho de adoptar, sino el derecho humano de ser adoptado, y no por parejas disfuncionales en su sexualidad y afectividad, sino por padres normales que naturalmente deben ser un padre y una madre. El proyecto del Presidente de la República que reforma el Código Civil Federal no es una norma justa ni equitativa, ni mira por el bien superior de los niños. Es, por el contrario, una norma profundamente inmoral e injusta que hace de los niños objetos, lo que los convierte en víctimas inocentes.[6]

 

Los analistas no han dejado de observar la reacción uniforme de las iglesias, con diferentes tonos y matices. José Antonio Crespo reconoció, en principio, la importancia de la iniciativa como derecho de un Estado laico a normar las relaciones entre las personas, a contracorriente de las tendencias religiosas y de las que se apreciaron en los dos sexenios pasados desde el gobierno federal:

Enrique Peña Nieto decidió hacer valer el Estado laico frente a la homofobia, de origen cristiano, que prevalece en amplísimos sectores de la sociedad (¿virreinal?) mexicana. Y es fortalecer el Estado laico, pues éste debe legislar al margen de credos y dogmas religiosos. Propuso dos iniciativas que protegen y equiparan los derechos de la comunidad lésbico-gay en todo el país, con los del resto de mexicanos. Eso, contrariamente a lo que hizo Felipe Calderón, quien impugnó la legislación que en ese sentido se aprobó en la Ciudad de México. En efecto, con los gobiernos del PAN se hizo más borroso el Estado laico. Baste recordar el gran crucifijo tras la toma de posesión de Vicente Fox como presidente.[7]

Inmediatamente, ubica el contexto partidista en el espectro ideológico, sin ahorrarse críticas: “Es cierto que en los últimos años el PRI también desdibujó su origen liberal y laico, y se sumó al PAN en numerosos estados para dar marcha atrás u obstruir varias reformas relativas a libertades de conciencia. Pero Peña, por las razones que sean, decidió recuperar ese valor del priísmo histórico (uno de los pocos rescatables del viejo nacionalismo revolucionario). Veremos qué posiciones toman los distintos partidos en el Congreso”. Al reconocimiento de los logros en ese terreno en la capital del país agregó el hecho de que partidos nuevos (como Morena) se opondrán a la iniciativa por mera conveniencia política. La reacción de la iglesia católica, no es nada sorprendente, “pues tras 150 años de Estado laico no acaba de entender (y menos aceptar) lo que eso significa”. Su argumentación es clara y consecuente con la historia del país: “Nadie le exige ofrecer el santo matrimonio a parejas del mismo sexo, pero eso no implica que el Estado no pueda y deba hacerlo, precisamente por estar por encima de toda religión (que mantiene pautas de discriminación inaceptables para un Estado democrático)”. Su observación del rechazo religioso es perspicaz y atenta a la práctica de las diversas religiones: “La intensidad con que las iglesias judías, cristianas y musulmanas difundieron la homofobia penetró en las sociedades donde se instauraron, al grado de secularizarse (es decir, se mantiene incluso entre no practicantes, no creyentes y ateos). […] Peña enfatizó que la verdadera patología (social) es la homofobia, causante de agresiones y crímenes de odio, en lo cual México ocupa el segundo lugar (como si nos faltaran)”.

En esa misma línea, Octavio Rodríguez Araujo, haciendo tabla rasa de los religiosos, recordó la constante oposición de los ministros de culto hacia la homosexualidad y especificó:

La Iglesia católica, que quizá sea mayoritaria en México, vive no sólo en el pasado, sino que se aferra a éste como si nada hubiera cambiado. Pero es tan hipócrita como otras muchas iglesias: a sus curas pederastas los defiende y, en el mejor de los casos, los castiga cambiándolos de diócesis u ocultando los hechos. Empero, la homosexualidad no pedófila, que también existe entre sus ministros religiosos y monjas, la oculta y no la castiga, pero sí la desaprueba para quienes no forman parte de las órdenes religiosas o de sus parroquias. Tampoco castiga, debe recordarse, a quienes tienen relaciones sexuales con personas del sexo opuesto y hasta hijos que luego esconden, regalan o venden a parejas que los quieren en adopción o para otros fines.[8]

Su énfasis final recayó nuevamente en las políticas públicas valorando la importancia de la iniciativa en ese marco, no sin sospechar de ella:

Aunque fuera para distraer a los mexicanos de asuntos más importantes, el católico Peña Nieto tuvo el arrojo de lanzar una iniciativa, como jefe de un Estado laico, en favor del matrimonio igualitario entre adultos. La jerarquía religiosa ya protestó y, al igual que en el pasado, quiere que las llamadas leyes religiosas sean las que rijan nuestra convivencia en México. […] Nadie les está pidiendo que casen a homosexuales, para eso están los juzgados civiles que deben actuar en función del Estado laico y de los derechos humanos que prohíben la discriminación por cualquier motivo o naturaleza […] Dependerá de los legisladores que la nación se ponga a la altura de los países más avanzados en el tema de los derechos humanos o postrarse ante la autoridad religiosa. Si optan por lo segundo, sólo queda recordarles que, para ocupar el cargo que tienen, juraron respetar la Constitución mexicana y que son parte de este Estado, no del Vaticano.

Por su parte, Jorge Iván Puma Crespo cuestionó los aspectos jurídico-políticos del debate desde dos aspectos complementarios, el constitucional, por la obsesión reciente de plasmar todos los derechos en la Carta Magna, y el estrictamente legal: “Más allá de la controversia suscitada respecto la iniciativa presidencial sobre matrimonio gay, habría que preguntarnos si elevar el tema del matrimonio igualitario a la discusión política no es una oportunidad para emprender algo que debimos hacer desde hace años. Es momento de arrebatar las tablas de la ley a los juristas y a las Cortes, y devolverlas a la ciudadanía. No sea que al final del camino, en una extraña contradicción performativa, nos descubramos incapaces de sostener el discurso a favor de la igualdad y la inclusión y prefiramos la tiranía de la interpretación de las Cortes”.[9]

El 30 de mayo algunas iglesias evangélicas publicaron un desplegado, cuyo contenido fue dado a conocer por el semanario Proceso. Bajo el título “Posicionamiento evangélico sobre matrimonio igualitario”, enfatiza que “esta iniciativa nos discrimina junto a la gran mayoría de mexicanos porque atenta contra principios y valores fundamentales de la sociedad”. Y agrega que el Estado mexicano “tiene la obligación de defender el modelo de familia que asegura la preservación de la especie, dando a otras formas de convivencia las garantías que sean necesarias para su realización plena, sin vulnerar a un modelo que ha probado a lo largo de la historia su relevancia y certeza social”.[10] El documento aclaran que la postura de las iglesias evangélicas no es “de un ataque o rechazo a las personas con preferencias sexuales diferentes”, pues simplemente busca que no se vulneren los derechos de la “mayoría de la sociedad”, cuya base es la familia tradicional. Por lo que solicitan “una amplia consulta nacional para que los legisladores federales y locales puedan tener el pulso de la mayoría de la nación en un tema que puede ir de la homofobia a la heterofobia”. El desplegado lo suscribieron, entre otras iglesias y movimientos, la Alianza Cristiana y Misionera de la República Mexicana, Sólo Cristo Salva, Agua Viva para las Naciones, Comunidad Cristiana Semillas de Vida, Comunidad Evangélica Patmos, Ministerios Visión Internacional, Fraternidad Pentecostés Independiente, Plataforma Apostólica de México y la Red Internacional de Ministerios México, es decir, una inmensa mayoría de instituciones reconocidas como neo-pentecostales y carismáticas. Además, los debates acalorados entre integrantes de iglesias evangélicas han estado a la orden del día, pues en su mayoría manifiestan el rechazo con argumentos dogmáticos.

Como resultado de estas apreciaciones, Roberto Blancarte, investigador de El Colegio de México, fue más específico al referirse a las iglesias evangélicas como instancias que han pasado de discriminadas a discriminadoras, pues incluso a partir de la negación de sus orígenes liberales, que las han llevado a aliarse ideológicamente a la ultraderecha católica, se han colocado en posturas que contradicen rotundamente su herencia cultural y política. Sin reconstruir con amplitud esa trayectoria, Blancarte recuerda el pasado evangélico mexicano:

Hay pocas cosas peores que ver a personas o instituciones que han sido discriminadas y que siguen siendo discriminadas, convertidas en discriminadoras. Ése es el triste espectáculo que nos ofrecen algunas Iglesias evangélicas, con motivo de la iniciativa del presidente Peña Nieto para eliminar diversas formas de discriminación. Con muy poca memoria y menos espíritu de tolerancia, de respeto a los diversos, algunos dirigentes evangélicos anunciaron que se opondrán a dicha iniciativa. Ya se les olvidó que ellos mismos durante mucho tiempo (y todavía hasta hace poco) fueron tratados como ciudadanos de segunda e incluso ahora son discriminados; sus instituciones eran llamadas “sectas” y no “Iglesias”, sus hermanos feligreses eran llamados peyorativamente “aleluyas”. Todavía hoy es frecuente observar cómo los “cristianos” o evangélicos son discriminados en sus gestiones o peticiones, en muchas instancias oficiales y aún más en las no oficiales, en medio de una sociedad que culturalmente todavía se asume como católica.[11]

El reproche es duro y directo, basado en la observación acumulada y atenta: “Y estas Iglesias evangélicas, en lugar de convertirse en las primeras defensoras de una sociedad más respetuosa de la diversidad y de las minorías, se convierten en discriminados discriminadores. En lugar de luchar por los derechos de todos, aunque no compartan sus decisiones de vida, su condición existencial o sus preferencias sexuales, decidieron que van a luchar por una sociedad que siga discriminando. Poco han aprendido de lo sufrido en carne propia”. La “ideología protestante”, si es que alguna vez existió en la conciencia de estas iglesias, no dejó de ser revisitada por este especialista (quien ha participado en varios eventos de las mismas) con particular detenimiento, advirtiendo que su “diferencia cultural” se ha perdido con el paso del tiempo ante estas coyunturas socio-políticas:

Lo peor del caso es que, en su argumentación, estos dirigentes evangélicos (que ciertamente no son todos, ni representan al conjunto de Iglesias evangélicas) ignoran lo más elemental de la defensa de sus propios derechos como minoría: dicen que la iniciativa presidencial va contra el sentir de la mayoría y de la identidad nacional. O sea que, siguiendo esa lógica, estarían de acuerdo en que la mayoría católica les cercenara sus derechos por ser minoría religiosa. Y ahora hablan de identidad nacional, como si ésta fuese única, cuando todavía hoy hay muchos que la ligan únicamente con el catolicismo o el guadalupanismo. (Énfasis agregado.)

La alianza con el catolicismo conservador, lógica y “estratégica” desde las alas más conservadoras del evangelicalismo (como ya lo afirmó Farela) viene a confirmar la estrecha cercanía de iglesias que antes eran radicalmente opuestas: “Lo más lamentable es que ahora este sector de los evangélicos se alía con las posturas más conservadoras dentro de la Iglesia católica, posturas que ya han sido superadas por la mayor parte de los católicos, quienes han evolucionado hacia posiciones más democráticas, tolerantes y respetuosas de una sociedad diversa. Estos evangélicos se están convirtiendo entonces en la peor caricatura social posible: personas e instituciones discriminadas que a la primera oportunidad se vuelven discriminadores”. Ésa es la razón por la que ya se habla de que muchos protestantes de hoy en realidad son “evangélicos cristeros”, en alusión al movimiento católico que declaró la guerra al gobierno federal y que sacudió al país entre los años 20 y 30 del siglo pasado.

Pasada una semana de la elección, el semanario Desde la Fe se unió a la celebración de la derrota del oficialismo priísta y criticó nuevamente, en otro duro editorial, las razones de la iniciativa presidencial y señaló sus supuestas consecuencias en el ámbito electoral, un asunto que ha sonado muchísimo en los recientes días en todos los medios, pues a la polémica se han sumado otros protagonistas con la misma orientación religiosa e ideológica:[12]

Ante el descalabro electoral del partido en el poder, cabría preguntarnos: ¿quién mal aconsejó al Presidente para tener “contentos” a un grupo minoritario y a oscuros lobbys internacionales que vienen destruyendo los valores sociales y familiares? ¿Pensó el Presidente que una propuesta tan desafortunada le bastaría para cancelar la mala imagen de México y de su gobierno en materia de derechos humanos, y borrar tragedias como la de Ayotzinapa? ¿Quién le dijo al Presidente que la prensa internacional dejaría de ser incisiva en la vigilancia y crítica a la violación sistemática de los derechos humanos que se viene registrando en el país? ¿Cuántos votos le iba a dar la ingenuamente llamada comunidad lésbico-gay, que está tan dividida y peleada?[13]

De tal forma que el próximo debate legislativo estará aderezado con la persistente protesta e inconformidad persistente de quienes consideran que el Estado mexicano laico debería seguir tomando en consideración doctrinas o postulados religiosos más allá de su responsabilidad en el establecimiento de normas igualitarias que no concedan privilegio a dogmas o creencias particulares, por muy respetables que sean. Habrá que ver si las diversas comunidades religiosas tradicionales participan en este nuevo debate con nuevos y mejores argumentos.

[1] “Peña envía iniciativa para reconocer matrimonio gay”, en Milenio, 17 de mayo de 2016, www.milenio.com/politica/gobierno_homofobia-Pena_homofobia-derechos_homofobia-matrimonio_gay_0_739126234.html.

[2] Alonso Urrutia, “Apoya Peña los matrimonios igualitarios”, en La Jornada, 18 de mayo de 2016, p. 2, www.jornada.unam.mx/2016/05/18/politica/002n2pol.

[3] “Uniones gay no equivalen al matrimonio, responde Iglesia a Peña”, en Milenio, 18 de mayo de 206, www.milenio.com/politica/episcopado_reitera_union_hombre_mujer-matrimoniois_homosexuales_iglesia_0_739726284.html.

[4] “Evangélicos van contra iniciativa”, en El Universal, 20 de mayo de 2016, www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/20/evangelicos-van-contra-iniciativa. Cf. Iván E. Saldaña, “Juntan 96 mil firmas contra las bodas gay”, en Excélsior, 2 de junio de 2016, www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/02/1096286.

[5] “Iniciativa de matrimonio gay, gran equívoco: Arquidiócesis”, en Milenio, 22 de mayo de 2016, www.milenio.com/politica/Iniciativa_matrimonio_gay-gran_equivoco-matrimonio_gay_Arquidiocesis_0_742125929.html. Cf. “Grave equívoco”, en Desde la Fe, 22 de mayo de 2016, http://www.desdelafe.mx/apps/article/templates/?a=6784&z=27

[6] “El derecho es de los niños”, en Desde la Fe, 5 de junio de 2016, www.desdelafe.mx/apps/article/templates/?a=6801&z=40

[7] J.A. Crespo, “Estado laico y homofobia eclesial”, en El Universal, 23 de mayo de 2016, www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-crespo/nacion/politica/2016/05/23/estado-laico-y-homofobia-eclesial.

[8] O. Rodríguez Araujo, “La homosexualidad y los religiosos”, en La Jornada, 26 de mayo de 2016, www.jornada.unam.mx/2016/05/26/opinion/021a1pol.

[9] J.I. Puma Crespo, “El matrimonio igualitario y la discusión democrática de los derechos”, en Nexos, 23 de mayo de 2016, http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=5834.

[10] Rodrigo Vera, “Discriminatoria, iniciativa de Peña sobre matrimonio igualitario: iglesias evangélicas”, en Proceso, 30 de mayo de 2016, www.proceso.com.mx/442219/disciminatoria-iniciativa-pena-matrimonio-igualitario-iglesias-evangelicas.

[11] R. Blancarte, “Discriminados discriminadores” en Milenio, 7 de junio de 2016, www.milenio.com/firmas/roberto_blancarte_perdon_pero/Iglesias_evangelicas_se_convierten_en_discriminados_discriminadores_18_751904840.html.

[12] Cf. “Arquidiócesis de México ‘celebra’ derrota del PRI”, en http://sipse.com/mexico/arquidiocesis-mexico-iniciativa-gobierno-comunidad-homosexual-209201.html; y “Frente por la Familia hizo que el PRI perdiera, aseguran”, en Con Familia, www.confamilia.org.mx/nota.php?i=84.

[13] “Merecido voto de castigo”, en Desde la Fe, 12 de junio de 2016, www.desdelafe.mx/apps/article/templates/?a=6810&z=40.