(Marcha.org)
HONDURAS-
Ni los políticos ni la democracia representativa. En Honduras, en este momento, el protagonista es el pueblo. El mismo que asistió a las urnas y que resiste desde el domingo a la noche la brutalidad policial defendiendo el derecho a su autodeterminación, dicen Camila Parodi, Nadia Fink, Julieta Lopresto y Laura Salomé Canteros de Marcha, medio que cubre por estos días la situación en el país centroamericano, en medio de cerco mediático, toque de queda y bloqueo de cuentas de activistas en redes sociales.
Tras días de resistencia en las principales ciudades de Honduras como Tegucigalpa y San Pedro Sula, en la noche de ayer, el gobierno actual de ese país declaró el Estado de sitio tras las elecciones presidenciales del domingo pasado, ocasión en la que actual presidente, Juan Orlando Hernández, se presentó a una reelección inconstitucional.
La situación es grave. En lo que va de estos días se registran al menos 11 asesinatos de parte de las Fuerzas represivas en el marco de protestas sociales en las calles del país centroamericano. El pueblo salió a las calles a defender lo que sería el triunfo del partido de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, organizada por el ex presidente derrocado Manuel Zelaya, y que presentaba al candidato a presidente a Salvador Nasralla.
En la cronología, el lunes, cuando se llevaban más del 50% de las actas electorales contabilizadas, la ventaja de Nasralla era del 5% y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, habló de que era un “virtual ganador”. Sin embargo, Hernández y el Partido Nacional desconocieron la voluntad popular y se declararon triunfadores basándose en una encuesta en boca de urna.
El martes a la noche, con el 78% de las actas contabilizadas, la tendencia seguía siendo la misma: Nasralla con una ventaja de 5 puntos. En esa oportunidad, declaró: “Recordemos que incluso ese voto, de 45 contra 40, superó el fraude, superó incluso a los muertos que votaron, a la gente que votó aunque viva en los Estados Unidos. Así que ya no podemos recurrir ni esperar a lo que esperamos en 2009, cuando fuimos burlados por el Tribunal de delitos electorales, por la Corte Suprema y por el Ministerio Público”. Y sentenció: “El único que puede defender estos votos es el pueblo hondureño”.
Fue entonces cuando las personas comenzaron a tomar las calles de Honduras para protestar por los resultados. Y cuando el Estado comenzó a responder enviando a sus fuerzas represivas: la Policía Nacional Antimotines Cobra y la Policía Militar. El Estado de sitio “prohíbe la libre circulación”; establece la detención de “toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda), o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares, de causar daños a las personas o sus bienes”. Un decreto que ordena a todos los ministerios y demás instituciones del Estado, en el ámbito local, a “poner a disposición de la Policía Nacional, la Policía Militar y las Fuerzas Armadas, sin dilación alguna, los medios a su disposición que les soliciten para el desarrollo de las operaciones”.
Bajo las etiquetas #FraudeElectoral, #FueraJOH y #HondurasResiste, en las redes sociales se difundió la brutalidad policial y militar, ordenada y avalada por el actual gobierno represivo y que tiene de rehén al pueblo negando los resultados electorales. A la vez, se denunció la censura a partir del bloqueo de las cuentas de activistas feministas organizadas.
El gobierno de Honduras decretó la noche del viernes el estado de sitio por la violencia en protestas luego de las recientes elecciones presidenciales.
Foto: Henry Romero / Reuters
“Hay al menos 11 personas asesinadas por la espalda. Víctimas de la represión”, denuncian las publicaciones de quienes en ejercicio de comunicación popular arriesgan su vida en las calles para transmitir lo que está pasando a pesar del bloqueo hegemónico- mediático. “Militares aprovechan el toque de queda para torturar al pueblo”; “el verdadero pueblo está resistiendo un golpe a la democracia”; “contra la dictadura, el narco- estado y los narco- comandantes del ejército. Llamamiento al pueblo a la insurrección”; decían algunos posts.
La Conferencia Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), se ha pronunciado sobre la situación que vive el país. A través de un comunicado han asegurado que Honduras “vive grandes retrocesos democráticos y violaciones a los Derechos Humanos”. También han afirmado que denunciarán esta situación ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas.
Ante el silencio de los grandes medios y la lenta reacción de la comunidad internacional, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús y la Comisión Provincial del Apostolado Social, emitió un comunicado donde rezan:
“Nos solidarizamos con la defensa pacífica de la democracia y de los derechos ciudadanos que el pueblo hondureño está llevando a cabo en todo el territorio nacional. Sin embargo gran parte del pueblo hondureño es reprimido brutalmente por protestar ante un inocultable y descarado fraude electoral. El fraude ya se hubiera consolidado a no ser porque gran parte del pueblo hondureño se ha volcado a las calles para exigir que se respete la voluntad de la mayoría. Ahora resulta que los sectores en el poder y algunos medios de comunicación están culpando a organizaciones y a medios de comunicación de provocar la violencia. No, los que han violentado al país son los que rompieron el orden constitucional con el golpe de Estado que son los mismos que hoy quieren violentar de nuevo la voluntad popular”.
Recién este domingo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la ONU para los DDHH en Honduras (OACNUDH) pidieron a las autoridades que garanticen el respeto a la vida humana, en el contexto de la violencia postelectoral.
En una nota conjunta, las dos entidades solicitaron a Honduras que mantenga “sus acciones dentro del marco de derechos humanos, respetando la vida y la integridad física de las personas”. También expresaron su “profunda preocupación” por la “pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas”.
Fuentes: Agencias, Marcha