ALC Noticias acompañando a indígenas de Zacapas en audiencia en el Congreso nacional de Guatemala (C Florentin)
GUATEMALA-
El Foro de Organizaciones no Gubernamentales Internacionales en Guatemala – FONGI – , conformado por 27 organizaciones provenientes de países de Europa y Norte América, expresa su profunda preocupación ante la grave situación de riesgo que en los últimos meses han enfrentado las organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos.
“En particular, nos preocupa la situación en el oriente del país donde se han denunciado incidentes de seguridad contra quienes defienden los derechos territoriales, ambientales y derechos de los pueblos indígenas, especialmente del pueblo Xinka y el pueblo Maya Ch’orti'”, dicen.
Integrantes de la Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día en los Departamentos de Chiquimula y Zacapa, han sido blanco de asesinatos, amenazas, agresiones, difamaciones e intentos de allanamiento ilegal en sus oficinas, al igual que integrantes del Comité de Desarrollo Campesino en el Departamento de Santa
Rosa, quienes recientemente sufrieron represión con bombas lacrimógenas. El Parlamento Xinka y autoridades del Pueblo Xinka han sufrido amenazas de muerte, criminalización, ataques físicos, incitación a la violencia y detención.
Comunidades e integrantes de la Iglesia Luterana de Guatemala que defienden los bosques y fuentes de agua en la Montaña de las Granadillas (Departamento de Zacapa) han sido objeto de destrucción de tuberías de agua, amenazas y
denuncias penales espurias. En todos estos casos, se señala a personas vinculadas con intereses económicos en la región. De nuevo, las víctimas son personas y colectivos que defienden los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra al territorio, al agua y al ambiente sano.
El FONGI se solidariza con las comunidades, organizaciones y personas que defienden derechos humanos en Guatemala. Nos preocupa que la impunidad de estos actos propicie la repetición de las agresiones. Por ello, destacamos la necesidad de retomar el proceso de discusión y adopción de la Política Pública para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, en consenso con las organizaciones de la sociedad civil e implementar la Instrucción General No. 05 2018 del Ministerio Público que contiene el protocolo de investigación de delitos cometidos contra defensoras y defensores
de los derechos humanos.
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